ESPAÑA ME MATA : La piel del cordero.

El pasado es el que, -en cuestión política- encierra las respuestas a las dudas que se nos plantean en el futuro. Esto ha de aplicarse, desde que se abrió la Agenda del Nuevo Orden Mundial, a todas las cuestiones que tienen que ver con las políticas que se lleven a cabo en todos los países “atrapados” por la Agenda. Engloba a todas las políticas. Aquí nos ocupamos de las relativas a la Sanidad española.

Para no rebanarse los sesos con personajes como Susana Díaz y despachar pronto. Qué mejor que buscar en esa Agenda. Quienes hayan permanecido atentos, desde hace casi una década a la atención sanitaria, habrán comprobado cual es el objetivo final previsto para "Joyas de la Corona" como así denomina Susana Díaz al Sistema Sanitario Andaluz, (SAS), en este caso.

¿Se encuentran en una nube de ignorancia este tipo de personajes políticos? O, por el contrario, ¿forman parte de esa élite política "instruida" sobre los planes futuros en los que el silencio se gana a "golpe de talonario"?.


¿Son las unidades de gestión clínica (UGC) un modelo que, dentro del sistema público, promueve una mayor eficiencia mediante la participación del personal sanitario en la gestión de los centros y los recursos o una vía encubierta hacia la privatización? En los últimos meses ha saltado la voz de alarma entre entidades y profesionales sanitarios ante el temor de que se estén utilizando las UGC, implantadas en varias comunidades y en camino en otras y que funcionan con objetivos y con incentivos a los profesionales que los cumplen, como vía para introducir prácticas empresariales, fragmentar y posteriormente privatizar el sistema sanitario en su conjunto.

“El modelo se basa en el reparto de incentivos económicos y los objetivos que los profesionales deben cumplir para recibirlos no tienen nada que ver con la calidad de la asistencia. Lo que prima es gastar poco, derivar poco a la especializada y mantener poco tiempo a los pacientes ingresados”, según denuncia An­tonio Gómez, de la Coordinadora Antipri­va­ti­za­ción de la Sanidad (CAS), que afirma que en una primera fase “se incentiva económicamente a los profesionales para que reduzcan el gasto sanitario, se impregna de cultura empresarial al personal funcionario, y una segunda fase, que es la que está proponiendo el PP, es dotar a estas unidades de personalidad jurídica propia para que se puedan convertir en empresas y competir entre sí”.



La aprobación el 24 de julio de la ley que modifica el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud ha ahondado los temores en este sentido. Ésta abre la puerta a la laboralización del trabajador estatutario (funcionario) cuando éste se integre en una UGC. “La modificación del Estatuto Marco es el primer paso, porque permitiría sacar al personal del ámbito estatutario”, afirma Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asocia­ciones para la Defensa de la Sanidad Pública, quien también considera que el siguiente paso será convertirlas en entidades jurídicas independientes “y permitir la entrada de ­capital privado en esas microempresas”. Sánchez Bayle considera que “la dinámica de privatización del Gobierno ha generado una contestación social y profesional muy amplia, y con estos proyectos se está intentando una privatización encubierta, dando un rodeo, para evitar esta confrontación social que les está provocando muchos costes”.

La apuesta del Gobierno por las UGC es evidente. El 30 de julio de 2013, cinco días después de la modificación del Estatuto Marco, el Ministerio de Sanidad firmaba con el Foro de la Profesión Médica un pacto que prevé su implantación a nivel estatal y autonómico, y aprobar las “modificaciones normativas” necesarias. 

Tres meses después, adjudicaba por 82.000 euros dos contratos de asistencia técnica y asesoramiento para la implantación de unidades de gestión clínica en los hospitales de Ceuta y Melilla. La adjudicataria de esta última, Bapp Healthcare, pertenece a Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad madrileño imputado por su participación en la privatización de hospitales entre 2004 y 2008.

Manuel Lamela

También las consejerías de Sani­dad de Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, todas gobernadas por el PP, trabajan desde hace meses para implantar la gestión clínica en sus centros de salud y hospitales. En el caso de Castilla y León, donde se planea una implantación inicial de 50 UGC cuando se apruebe en marzo un decreto para regularlas, un ­informe de CC OO prevé que los incentivos supondrán un gasto de 56,4 millones de euros para la Junta. Pero estas unidades se hallan también en marcha en regiones de distinto signo político, como Asturias, Navarra, País Vasco y Andalucía, comunidad esta última donde el Ser­vicio de Salud se organiza en torno a unas mil UGC. “No se puede criticar las UGC que monta el PP en Castilla y León y callarse con las del PSOE e IU en Andalucía, que son exactamente iguales”, dice Gómez.

En opinión de Javier Padilla, autor del blog Médico Crítico, “la gestión clínica, como concepto, puede ser una alternativa, e incluso contraponerse, a la privatización de los centros, que conservarían una gestión pública directa pero con un modelo organizativo más descentralizado, con mayor autonomía, pero como método se puede pervertir”. Padilla considera que “fue en el cumplimiento de los objetivos de las UGC donde se pervirtió el sistema, que se está usando para introducir incentivos perversos, fomentando que se ahorre dinero y penalizando los gastos”.

La experiencia andaluza

Rut Suárez, médica de familia que trabaja en una UGC en el área de Sevilla, explica que “al principio las unidades se planteaban como una manera de conseguir asistencia de calidad, unificar criterios en tratamientos, en petición de pruebas, etc., pero con el tiempo se ha desvirtuado su filosofía, o quizá ésa era la intención desde el primer momento”. “Hay objetivos en cuanto a ahorro en farmacia, a prescripción de los aparatos, a no pasarte en número de derivaciones al especialista. Si no cumples, a lo mejor estás haciendo que nadie cobre el año que viene, por lo que te presionan muchísimo desde la dirección”, afirma.

En Andalucía, los directores de UGC pueden llegar a cobrar 13.000 euros anuales en incentivos, y un médico de familia unos 7.000. Y, mientras en un año se han eliminado 7.000 puestos de profesionales sanitarios y recortado los sueldos un 30%, los 436 cargos intermedios ­colocados a dedo por la Administra­ción andaluza en las UGC supondrán un aumento del gasto anual, según el Sindicato Médico Andaluz, de 1,5 millones sólo en concepto de productividad.

“Quiero pensar que las UGC no se plantean como algo que va a acabar en una privatización, pero en la práctica consiste en convertir al director de la unidad en un gerente de empresa que mira por el dinero hasta unos niveles que resultan ridículos si no fuera porque afectan a los pacientes. Se hacen regateos por insignificancias que ponen en juego la salud de los pacientes. La gestión de la unidad es con criterios empresariales”, dice Suárez, que añade que a los profesionales que lo han solicitado no se les permite abandonar estas unidades, “ya no es voluntario”. Esta médica añade que la situación llega al punto de que “a mí me penalizan por derivar y al especialista por revisar. Para que a uno no lo penalicen, se deja al paciente en un limbo hasta que se decide a quién le toca el marrón, y esto no tiene ningún sentido”.


Javier Lasquetty

Cataluña, empresas en la sanidad

Los colectivos antiprivatización de la sanidad temen que el siguiente paso del Gobierno sea conferir a las UGC una entidad jurídica propia para su conversión en empresas, al estilo de las Entidades de Base Asociativa (EBA), sociedades anónimas, limitadas o laborales formadas por facultativos que se han implantado en la atención primaria de Cataluña desde 1996. En una entrevista realizada por Redacción Médica al ya exconsejero de Sanidad madrileño, Javier Lasquetty, éste confirmó su intención de empezar convirtiendo cuatro centros de salud madrileños en EBA.


TEXTO ORIGINAL



Monstruo "malo" / Monstruo"bueno".


Desgraciadamente, el paciente ha contribuido y sigue contribuyendo, -inconscientemente-, a crear un sistema de salud moribundo “saqueado” desde décadas atrás. 

Casi podría decirse que este "saqueo" se hallaba en el ADN de la transición española, al igual que otra variedad de "enfermedades" ocultas e inoculadas en el diseñado sistema. 

La educación recibida, a lo largo de años de oscurantismo dictatorial de épocas pasadas, ha dejado aquella impronta y buena costumbre de recurrir al médico de “pago” en un ritual que se ha transmitido de generación en generación hasta constituirse como la máxima del paciente para sí mismo y sus congéneres.

De este modo, se ha contribuido a crear una imagen distorsionada de la sanidad asociando salud con poder adquisitivo desde el nacimiento.

Costumbres que han perdurado y que han hecho que en los tiempos que corren, nos encontremos con que el monstruo “bueno”, -denominado la “Joya de la Corona” por una presidenta-, haya sido devorado desde hace esas décadas, por ese otro monstruo “malo” que sin embargo, ha sido el que se ha ofrecido como la panacea de la salud entre esos mismos pacientes aconsejados por sus abuelas y que ha contribuido a que hoy seamos más sanos o estemos vivos, según la versión popular. 

Indudablemente, el paciente se vuelve impaciente por desatendido. Pero, ignorante de que su peor enfermedad es un virus letal, aunque con antídoto, llamado “desinformación”.

A la propagación de ese virus contribuye el mismo paciente sin que por ello deba ser culpabilizado con males añadidos. No. El paciente posee ese virus porque es transmitido por cualquier vía política hasta el punto de haber sido utilizado de un modo electoralista en Campañas, a nivel nacional o autonómico, aunque en los Programas electorales las referencias a la sanidad brillen por su ausencia, dado que está "prohibido" despertar al monstruo ante el público, dejando así un ambiente de paz, calma y seguridad entre la opinión pública que ve como en esos debates se pasa "de puntillas" por este tema. Algo que, sin embargo, el público no capta, ni parece echar en falta en ese tipo de debates interpretándolo como algo "asegurado" y de lo que no hay que debatir.




¿Quién destruirá al monstruo de la Sanidad pública?. ¿El monstruo “malo” y a sueldo de esos gobiernos? ¿La desidia del paciente “impaciente”, resignado?. La destrucción del monstruo “bueno” nacido a base de sacrificio, solo puede ser llevada a cabo por aquellas manos “artesanas” que tejen la tela de araña en la que se encuentran todos los demagogos del atril coreados y aplaudidos. 

La muerte de be ser tan lenta y silenciosa que no es necesario apresuramientos. Se inocula la dosis exacta mínima para que, durante décadas, el deterioro sea tan imperceptible que, aún en el caso de resultar alarmante, sea diagnosticado de leve. 

La Mafia farmacéutica apacigua cualquier sintomatología que afecte tanto al candidato como a quien gobierna. El resto es un placebo que adormece y tranquiliza al moribundo. El premio; una fórmula que ofrece la posibilidad de que la “tropa” sea agasajada con una suculenta cifra en forma de complemento salarial por su buen comportamiento.

Si en el buen comportamiento se incluye el ser “paciente” con el paciente mediante el buen trato e impecable educación y este se desarrolla con un protocolo exquisitamente diseñado desde las altas esferas por el cual el "paciente" y adoctrinado paciente será educadamente escuchado, a fin de que no resulte demasiado incómodo. el éxito está asegurado. 

El entramado mafioso/silencioso de manos entrelazadas entre los verdugos y quienes ejecutan o mercadean con el reo, contribuirá además, a cumplir con el protocolo establecido de equilibrar la balanza demográfica en la que la carga más pesada es arrojada por la borda a fin de que el resto llegue a la orilla.





Proyecto de Real Decreto RD/ /2015 por el que se fijan las bases para la implantación de las Unidades de Gestión Clínica en el ámbito de los Servicios de Salud.









Actualidad / Gestión ClínicaIntereS@S Boletín 8. 23/09/2009. Ver.

























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