LA ZONA DE PADRES : Los Menores de la Junta.

La anunciada apertura del primer centro de internamiento de menores infractores de la provincia de Huelva, cuya ubicación sería el antiguo local de celebraciones de El Paraíso de la Dehesa, en Aljaraque, provocaba cierta intranquilidad en su entorno. En especial entre los padres de alumnos de un colegio privado y de una guardería situados en la zona.

El Paraíso de la Dehesa, SL, de la localidad onubense de Aljaraque, en donde se ubicaría dicho Centro de Menores. Su anterior dueño y alcalde en la localidad onubense de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, se encontraba imputado en la Operación Edu Costa que investigaba el fraude sobre Cursos de Formación.

Tanto es así que no se descartaban posibles movilizaciones.

Este centro permitiría que los adolescentes condenados por el juez de menores de Huelva por cometer algún delito no tengan que desplazarse hasta Sevilla o Cádiz, al igual que sus familias, para las correspondientes visitas.

Según una información de 30 de octubre de 2015, la Junta de Andalucía había adjudicado a una Asociación, "sin ánimo de lucro", la gestión del citado centro que comenzaría a funcionar a partir del 1 de enero de 2016 con vigencia del 1 de enero de 2016 a 2019, prorrogable por dos años.

Imagen perteneciente al momento en el que un grupo de inspectores de la Agencia Tributaria registran las oficinas y requisan la recaudación de la caja del Restaurante, en 2014. 

En declaraciones a Europa Press, el delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, había explicado que la adjudicación definitiva se realizó el 29 de octubre de 2015 y la citada entidad se hizo con la misma, sobre todo por el proyecto educativo presentado.

Así mismo, declaraba que el centro se pondría en marcha con un total de 20 plazas, de manera que sería “el primer centro en la provincia y Huelva dejará de ser la única provincia que quedaba por tener un centro de estas características”.

El centro se ubicaría en las instalaciones de El Paraíso de la Dehesa, debido a que éste fue cerrado tras ser embargado a sus antiguos propietarios.

En la web de la Asociación a la que era adjudicada la gestión del Centro con sedes en Sevilla, Valencia y Madrid, esta se presenta como “especialistas en la gestión de centros de internamiento para menores infractores, que permiten el cumplimiento de medidas judiciales privativas de libertad a la vez que se proyecta al joven hacia un nuevo futuro a través de su reeducación”.

Y añade que “nuestro programa básico de intervención para medidas privativas de libertad responde tanto a la exigencia sancionadora de la ley del menor como a su vertiente educativa de inserción e integración en la sociedad”.





En 2006, el Juzgado número 5 de Torremolinos abría diligencias previas y la Junta de Andalucía iniciaba una investigación para esclarecer si habían existido irregularidades tras una denuncia en la que se acusaba a la Asociación de: "supuestos abusos y tratos degradantes a los internos", mientras esta, achacaba la misma a una "venganza laboral".










Una noticia que saltaba a los Medios a principios de 2016, ponía en entredicho las políticas de conciliación en el trabajo y las circunstancias que se derivan de una pésima gestión política que viene a corroborar los resultados derivados de este tipo de políticas encauzadas a la protección del menor con su evidente fracaso, nunca admitido, pero que continúa formando parte de la cartera de servicios de las administraciones con sus consiguientes asignaciones presupuestarias. En este caso, una temporera de nacionalidad marroquí, empleada en las tareas agrícolas en Huelva, España, era la protagonista de una crítica situación con un componente de supuesto maltrato infantil. 






Más:
Centros de Menores. Comunidad. Facebook.






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