LA ZONA NATURAL : La "Vía Libre" de la negligencia forestal.

La nueva Ley de Montes (Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes). elimina el papel de policía judicial de este colectivo y los relega a meros «auxiliares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», eliminando su papel en el plano investigador cuando se trate de delitos. 



«Solo podremos actuar cuando sean infracciones, pero en delitos contra el medio ambiente como incendios forestales o envenenamiento de especies nos tendremos que quedar en un segundo plano. ¿A quién molesta que nosotros también podamos investigar. Cuanta más gente empleada en estos temas de investigación, mejor. Por eso no entendemos por qué quieren quitarnos esta función de policía judicial», señala Juan Gómez, un agente de medio ambiente de la provincia de Granada.

La nueva Ley de Montes dice que los agentes forestales solo podrán informar a sus superiores o a las administraciones de los hechos denunciables y a partir de ese momento serán las autoridades competentes quienes decidirán si acudir o no a los tribunales. 

Hasta este momento, los agentes tenían respaldo legal para presentar una denuncia por la comisión de cualquier tipo de delito ante los juzgados. No debe olvidarse que una de las competencias de estos agentes es el control y vigilancia de la ordenación del territorio, es decir, velar porque no se levanten construcciones ilegales en zonas donde no se puede por su protección medioambiental. Incendios y control de vertidos contaminantes, son algunas otras de las competencias que recaen en la labor profesional de estos trabajadores.



El artículo 58 del borrador de la próxima ley plantea que sean los órganos administrativos a los que pertenezcan los agentes de medio ambiente quienes establezcan «los cauces adecuados para garantizar la remisión a la autoridad judicial o al ministerio fiscal de aquellos supuestos en que aparentemente los hechos pudieran ser delictivos».

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sí se ha hecho eco de las protestas de los colectivos conservacionistas y ha endurecido la normativa para el aprovechamiento de los terrenos arrasados por los incendios forestales, según recoge la reforma de la Ley de Montes que se encuentra actualmente en fase de tramitación.


Pilar Lucio, diputada y secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, alertaba y denunciaba en una enmienda en el Congreso de los Diputados, en abril de 2015, que "la quema de un bosque puede tener como consecuencia a medio plazo la urbanización de esos terrenos quemados, y supondría dar "alas a los delincuentes y especuladores". Lo que no se especifica en este tipo de críticas es el porqué de la adopción de este tipo de enmiendas impuestas por la Unión Europea, cuyas políticas Medio Ambientales, -basadas en un cuestionado Cambio Climático-, e impulsadas por los Lobbies financieros que promueven estrategias que diseñen políticas acorde a sus intereses, independientemente de a qué tipo de política afecte.


El borrador de la ley dejaba en manos de las comunidades autónomas la potestad de autorizar la construcción en los montes arrasados por los incendios, «justificando la existencia de un interés general prevalente y mediante el establecimiento de medidas compensatorias».

Ahora, el proyecto solo permite el cambio del uso del suelo arrasado por «razones imperiosas de interés público de primer orden», palabras calcadas de la directiva comunitaria de Hábitats. Se pretende «disuadir» los fuegos intencionados, a la vez que para los pirómanos serán fijadas sanciones que podrán llegar al millón de euros. La ley en vigor, aprobada en 2006, prohíbe el cambio de uso forestal de las zonas incendiadas durante 30 años.





La Ley de Montes vigente hasta el 21 de Octubre de 2015, prohibía en 2005 recalificar durante 30 años los terrenos incendiados. ¿Qué esconde la nueva Ley?. Más.

Presentación de las ventajas de la nueva Ley, según la Web del Partido Popular (PP).


La repoblación arbórea, tras la aprobación de la nueva Ley, dejaba la vía libre a posibles especulaciones y "preferencias" entre las que predominaría la elección de la especie cuya madera se cotizase más al alza y de más rápido crecimiento. Entre estas, el eucalipto se presentaba como la opción más probable a elegir para repoblar, aun a pesar de ser considerada una especie de la que los conservacionistas no debieran proclamar ninguna alabanza por su capacidad desertificadora, tratándose además, de una especie no autóctona, dado que su procedencia es de origen australiano. En la imagen se puede observar una zona repoblada en 2015 con dicha especie en unos terrenos en donde ya se hallaba otro eucaliptal devastado parcialmente por un incendio en 2012.


Aún así, este tipo de plantaciones no gozan precisamente, de una conservación aceptable, predisponiéndolas a incendios intencionados (o no) que finalmente, serán justificados con un conjunto de factores entre los que, casi por protocolo, se incluyen las altas temperaturas y el apocalíptico Cambio Climático.


En el caso de Andalucía, las nuevas políticas basadas en el Cambio Climático impuestas por la Unión Europea y orquestadas por las élites que "imponen" a este organismo unas políticas diseñadas a su medida, por métodos que, podrían ser puestos en tela de juicio, hacen de las mismas, todo un entramado que llama a la confusión ciudadana. Este tipo de políticas van destinadas, en parte, al fomento de la cultura climática con unos presupuestos desorbitados que, en última instancia, harán flaquear las economías de las entidades locales, debido a la que sería la futura Ley Andaluza de Cambio Climático, la cual contemplaba, entre otras, agresivas medidas infractoras. La administración local y provincial, por tanto, vería como la política "climática" se cebaba sobre su economía, padeciendo en sus carnes las mismas consecuencias de las multinacionales acusadas de contaminar (o no), dado que el impuesto climático, se constituía como el gran freno al desarrollo industrial de aquellos que no se ciñan al yugo estadounidense. 





Una oleada de incendios que asolaba el norte de España en diciembre de 2015, dejaba entrever cierta controversia y confusión, según los datos aportados por las autoridades encargadas de su investigación, tras declararse 400 focos de incendio en unas horas. A la confusión que se desprendía de este tipo de informaciones se sumaban las hipótesis, nunca descartables, pero poco "politicamente correctas", que apuntaban a una operación militar llevada a cabo por medio de tecnología láser.  


Una información divulgada en septiembre de 2015, daba cuenta del uso que se estaba haciendo en España de naves no tripuladas para ser utilizadas por el ejército español como medio de vigilancia y prevención de incendios forestales. Esto, ponía en entredicho cualquier teoría con la que la administración pudiera salir indemne, a la hora de pronunciarse sobre cualquier hipótesis inculpatoria, dado que se demuestra que los medios de lo que esta dispone, incluyen medidas avanzadas y eficientes.







La controvertida participación de Organizaciones como WWF en políticas medio ambientales, no solo implica el que estas, actúen como peones "a sueldo" de élites especuladoras del desarrollo socio económico. En este caso, según la información recogida (arriba), la industria agroalimentaria formaba un conglomerado de vicisitudes politico-medio ambientales de dudosa naturaleza.


Una campaña promovida por la Asociación Nacional de Bomberos Forestales (ANBF) de España y divulgada, a través de las Redes Sociales en mayo de 2016, impulsaba una iniciativa de denuncia de la Ley de Montes aprobada en España. En el vídeo promocional de la misma, se recogía una original propuesta como "medida" disuasoria para evitar la especulación en terrenos quemados de bosques que diese lugar a construcciones. La original medida proponía la construcción de cementerios. Algo que aparecía en el mencionado vídeo con una rotulación referente al artículo 50 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, mediante el que se prohíbe la construcción de viviendas en su perímetro delimitado. La controvertida propuesta planteaba ciertos interrogantes referentes a si detrás de la misma campaña, existían intereses relacionados con este tipo de construcciones que, aunque necesarias sanitariamente, precisan de un requisito primordial, como son los cadáveres. La pregunta surgida final era: ¿Había sido utilizada esta Campaña anti-especulación con otra contra-campaña a favor de este tipo de construcciones, orquestada desde alguna instancia?. Curiosamente también, el citado reglamento recogía una referencia en este sentido que hacía alusión a la excepcionalidad por la que este tipo de construcciones (cementerios), podrían llevarse a cabo. sin el cumplimiento de ciertos requisitos, a propuesta de la Dirección General de Sanidad.


La cadena española de televisión Tele 5, incluía en su edición de informativos de mediodía una noticia relativa al incendio ocurrido en Carcaixent (Valencia) en junio de 2016. Curiosamente, durante la emisión del reportaje, se hacía publicidad encubierta, a cerca de un sistema anti incendios, basado en la detección de humo instalado en una vivienda de la zona que había sobrevivido a las llamas. Dicho sistema fue presentado en 2012 como un "Proyecto de automatización del sistema de defensa contra incendios forestales doméstico" en la Universidad Politécnica de Valencia. Una noticia relacionada con el mismo, era recogida por La Razón. el 26 de julio de 2012. Aunque, el reportaje no daba datos, a cerca de la empresa que diseño el sistema, sí daba datos del coste de la instalación del mismo (150.000,00 €), así como de la particularidad de ser pionero en España y Europa. En medio del cáos en el que no había que lamentar víctimas, este tipo de informaciones, dejan abierta la puerta a otras tantas hipótesis deducibles, por parte de la audiencia, a cerca del trato de este tipo de informaciones y sobre las causas que provocan estas tragedias.






El uso de la Geoingeniería orientado a la manipulación climática, desarrollado a través de las fumigaciones aéreas, propiciando la sequía, no sólo se halla gestionado y financiado por élites y gobiernos que promueven el control económico por medio de una simulación de los efectos del cambio climático de cara a los gobiernos y la opinión pública con el propósito “recaudatorio” y el aporte de cifras millonarias, por parte de los gobiernos que asumen su compromiso por imperativo legal de combatir las consecuencias del cambio climático. El uso con fines estratégico/económicos por medio de los cuales se altera y controla el desarrollo económico de zonas como las de gran afluencia turística, se encuentra entre los planes de quienes desarrollan estas prácticas, incluido en un catálogo de política medioambiental encubierta con fines delictivos que atentan contra el medio ambiente y la salud pública. En el caso reportado, se observa una zona localizada en el archipiélago de las Islas Canarias, España, zona de gran afluencia turística y objeto de esta práctica.







Entre los componentes disueltos en la atmósfera, a través de las fumigaciones aéreas químico/tóxicas se encuentran metales como el polvo de aluminio o el Bario. Este, es un sólido inflamable y presenta un grave peligro de incendio. El Bario es inflamable y reactivo y presenta un grave riesgo de incendio y explosión puede encenderse espontáneamente en el aire o en el agua. Estos compuestos son arrastrados por las corrientes de aire aun sin que en determinadas zonas, se estén llevando a la práctica estas fumigaciones aéreas, quedando impregnada la totalidad de la vegetación. Estos y otros factores se hallan detrás de muchos incendios pero, el hecho de que las fumigaciones aéreas y la proyección de estos compuestos constituyan un factor añadido a un incendio hace que los gobiernos que desarrollan estas prácticas en su espacio aéreo, posean una gran parte de responsabilidad encubierta por el “top secret”.


Este tipo de supuesta "prueba" que podría ser utilizada en contra de quienes atenten contra el medio ambiente y la seguridad ciudadana provocando un incendio, deja entrever una serie de factores que incitan a pensar en los intereses por medio de los cuales es conveniente orientar la responsabilidad sobre la autoría de los hechos hacia un colectivo en concreto, sin determinar, a fin de ¿desviar la atención de los verdaderos responsables?.

Más:
Regulación por Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Andalucía
Aprobada definitivamente la Ley de Montes que permite construir en terreno incendiado
Un pueblo de Almería declara 'non grato' a un agente forestal
Agentes de Medio Ambiente, según la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
La Diputación de Huelva invitada a la Conferencia Internacional del Cambio Climático, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente alemán.
Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía  AAMAA Organización. Facebook.
"De escorpiones políticos y ranas ciudadanas", por Luis Díaz Villaverde
La nueva Ley de Montes impide a los agentes forestales denunciar delitos ambientales
Manipulaciones, incendios y recalificaciones.
ESPAÑA EN LLAMAS
La actividad cinegética: ¿fin de una actividad centenaria?
Los agricultores recibirán 40 millones de euros a cambio de plantar árboles. 21.12.07. Extremadura
euros por tonelada
Eucalipto, el árbol que amenaza a los bosques
Fumigaciones aéreas.
La Policía de la Junta pone a disposición judicial a 11 personas por presuntos delitos medioambientales en 2015
Congreso de los Diputados: modifiquen la Ley de Montes para que incendiar nuestros bosques no sea un negocio
Fumigaciones aéreas.









No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

DEJA TU COMENTARIO