LA ZONA PÚBLICA : Policía política o el regreso de la oscuridad.

Para referirse en España con propiedad a la policía hay que referirse al Estado, el Estado existente es la continuación natural y sin traumas del Estado franquista.


La policía, un cuerpo creado para emplear la violencia, propende por sí misma a adoptar la violencia como ideología, una violencia siempre a favor del Estado y del orden instituido.

Imaginemos un país donde la policía sólo vigilase, detuviese y golpease a unos ciudadanos y no a otros, que protegiese a los ladrones y reprimiese las protestas de las víctimas del robo, es fácil de imaginar, hasta donde yo sé creo que todos los países son así, y desde luego eso es lo que ocurre en España de un modo muy concreto con la policía antidisturbios

Una policía diseñada para reprimir las protestas contra los desahucios, el paro, los abusos de la banca española e internacional… Si supiésemos alguna vez de una reunión de banqueros enriquecidos con dinero público disuelta por la policía y sus participantes detenidos y conducidos en furgón policial a comisaría, entonces pensaríamos que estábamos equivocados, pero mientras tanto sólo podemos pensar que es una policía al servicio de un grupo social y los políticos que protegen sus privilegios y los representan.



Habrá quien me diga que hay policía antidisturbios en la mayoría de los países y que no la creó este Gobierno, y tendrá razón, lo cual no quita que sea cierto que es un cuerpo de policía política creado específicamente con esa función; sólo añade la evidencia del férreo orden social que protegen partidos con nombres distintos. Pero como no se trata aquí de reflexionar en abstracto sobre la naturaleza del Estado y sus instituciones me referiré a lo que está llevando a cabo este Gobierno: transformando de modo planificado toda la policía en una policía política, cosa propia de un estado totalitario.

Para referirse en España con propiedad a la policía hay que referirse al Estado, el Estado existente es la continuación natural y sin traumas del Estado franquista. Siguieron en sus puestos los mismos jueces, los mismos altos funcionarios del Estado y los mismos generales y mandos de la policía, no hubo depuración alguna, revisión alguna de sus actuaciones. 

El antifranquismo pretendía la disolución o depuración de “los cuerpos represivos” que no hubo, y podemos comprobar cuánta razón había en ese objetivo. Vemos cada día cómo el Estado protege a Billy el Niño o al capitán Muñecas, funcionarios impolutos, y deja sin protección a sus víctimas. 



Este Estado está más con los torturadores que con los torturados, es tan simple como evidente. Tengo la completa seguridad de que nuestras fichas policiales siguen existiendo, como cualquier Estado autoritario nos niega el derecho a conocer lo que la policía franquista anotó de nosotros pero no me cabe duda de que es posible que un día volvamos a ser detenidos y el mismo policía u otro nos leerá una ficha que siguió ampliándose desde entonces.

Sin duda la evolución de la sociedad se notó y le benefició el que también llegase a ese cuerpo el sindicalismo, hizo más visible a sus miembros su condición de asalariados, común a los trabajadores. Pero si los mismos torturadores han seguido en activo y ascendido a posiciones de mando es porque el franquismo es una ideología muy asentada en el Estado y concretamente en la policía.




Y hace unos días supimos de la pretensión del Ministerio del Interior de educar a la policía ideológicamente y cuando este gobierno dice que quiere educar el espíritu nacional sabemos que se trata de “españolizar”, como gusta de hacer Wert a los niños. Es decir, la ideología explícita de la derecha española. De modo que no son anécdotas sueltas el invocar a la Virgen y condecorarla o que se repitan los insultos de carácter xenófobo de policías contra catalanes, por ejemplo. 

Es evidente que ante la voluntad de gran parte de la ciudadanía catalana y de sus representantes de votar y revisar su situación en relación al Estado, el Gobierno esté utilizando todos los resortes del aparato judicial y policial para reprimir esta pretensión. Por eso sabíamos hace unas semanas de una trama de policías nacionales de Madrid que espiaban la sede de un partido político catalán o el espionaje y difusión de la identidad de jueces proclives a reconocer legalmente la consulta catalana.

Estamos en un momento en que se radicalizan los resabios franquistas dentro de ese cuerpo, conscientemente instrumentalizados por el Gobierno. 

El proyecto de ley de “seguridad de Fernández Díaz es un programa de represión autoritaria que conduce a la represión de la libertad de prensa y de expresión, pero la suma de declaraciones y actuaciones de Fernández Díaz al frente de ese ministerio son todo un programa completo de fascistización y la utilización de policías y guardias civiles en operaciones de control y manipulación política son constantes. Constantes las sistemáticas acusaciones de terrorismo a cualquier protesta y el tratamiento de terroristas o simpatizantes a cualquier disidente, el terrorismo es la gran energía que, paradójicamente, debilitó al nacionalismo vasco pero vigorizó al nacionalismo español. Y siempre hizo daño a sus víctimas y a la sociedad en conjunto.

El último caso, escandaloso, es la llamada operación araña construida por mandos de la Guardia Civil y que consiste en detener a una serie de individuos que escriben barbaridades en sus cuentas de Twitter y Facebook

Dejemos de lado el asunto de si las redes sociales son un espacio personal o un medio de comunicación, lo que hay es una operación de propaganda ideológica contra el enemigo fantasma, “los terroristas”.  


Un tuit de Periodismo Humano es contestado con pegar “un tiro en la nuca” a los diputados de Izquierda Unida que se amordazaron en el Congreso en protesta por la Ley Mordaza.

Una serie de personas, desconectadas unas de otras y en ocasiones distintas, escriben animaladas contra la policía o las víctimas de ETA, desahogando su frustración o su rabia. Unas expresiones llenas de odio e impotencia quizá escritas después de mamarse de alcohol o fumados… O hastiados, o humillados, o quizá víctimas de alguna medida política del Gobierno… Es evidente que, de ser faltas, merecen castigo pero no hay ninguna organización terrorista de por medio, es esa investigación la que teje una trama inexistente. Eso se llama “montaje”.

Cuando este Gobierno pase nada será igual a como era antes de llegar, los daños que dejará serán incuantificables. Uno de ellos es el daño que le está haciendo a la Policía como institución, nadie le hizo tanto daño como el que le está infiriendo este Gobierno. Un daño muy difícil de reparar.




Una fotografía fue publicada en la página de Facebook “No eres de Petrel si no…” con el texto “aparcas donde te sale de los cojones y encima no te multan…” La imagen no duró ni un día en las redes sociales, pero fue suficiente para que los agentes de la Policía Local que llevaban el coche denunciasen a la mujer, que ha acabado condenada, sin pasar por juicio ‘gracias’ a la ‘ley mordaza’, a pagar una multa de 800 euros. La notificación de sanción llegó en menos de 48 horas, ya que la denunciada puso la foto con su nombre en Facebook.
La sanción se enmarca dentro del artículo 36.23 de la Ley de Seguridad Ciudadana que recoge multas de entre 600 y 30.000 euros por “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto fundamental al derecho a la información”.
Según también medios locales, que citan fuentes judiciales, la vecina de Petrel podría haber recurrido la multa, y puesto que la fotografía solo muestra un vehículo y no a ningún agente, con toda probabilidad hubiera ganado. Más.











Las reacciones al anteproyecto de ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía recogidas por dos Medios con repercusiones en dos provincias principalmente, Huelva y Sevilla.







 

 


 



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Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.









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