LA ZONA PÚBLICA : Las empresas públicas como poder interventor del régimen socialista en la vida económica andaluza.

La Tela de Araña andaluza analiza las empresas públicas andaluzas y el costo global que conlleva para su economía, impidiendo el desarrollo rentable y con futuro y como elemento del cual se vale la Junta de Andalucia para intervenir, insistentemente, en las empresas y ciudadanos andaluces, bien como suplantadora de la iniciativa privada bien como agente “disciplinador” o “domesticador” de las empresas proveedoras de servicios y bienes que necesitan.


En el primer informe fiscalizador elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, realizado en 1991 sobre datos de 1989, se define qué son empresas de la Junta de Andalucía. Son tales las entidades de derecho público con personalidad jurídica que por Ley hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado y las sociedades mercantiles en cuyo capital la participación de la Junta de Andalucía o de sus organismos autónomos sea mayoritaria. 

Entonces sólo había tres entidades de derecho público de dichas características: La Empresa Pública del Suelo (EPSA), fundada en 1985, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). Pero a su vez, de EPSA pendía la sociedad Gestión Urbanística de Huelva, S.A en la que participaba en el 84% del capital. 

El IFA, surgido de la extinción del Instituto de Promoción Industrial de Andalucía, heredó la totalidad de las acciones de la Sociedad para la Promoción y la Reconversión Económica de Andalucía (SOPREA). Y es a través de SOPREA en la que el IFA participaba en Sadiel, SA; Sodean, SAFomento Empresarial SA; Productora Andaluza de Programas, SA y Comercializadora de Productos Andaluces, SA. Además, participaba mayoritariamente en Alfombras La Apujarreña, SA; Hilaturas BETA, SA, Manufacturas Damma, SA; Carguera Aérea Andaluza, SA y Centros Turísticos, SA (Cetursa).

Minoritariamente participaba en otras que si bien son mencionadas en el informe, no son identificadas en el mismo.

De la RTVA colgaban Canal Sur Radio SA y Canal Sur TV SA.

Respecto a las sociedades mercantiles, la Junta de Andalucía participaba mayoritariamente en la Escuela de Salud Pública, SA (ESPSA), en el Centro Andaluz de Teatro, SA (CAT) y en Verificaciones Industriales SA, destinada, sorprendentemente, a la inspección técnica de vehículos, algo al parecer que ninguna empresa privada estaba en condiciones de hacer.

Los organismos autónomos, en este caso el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y la Junta participaban mayoritariamente en Getisa y Egmasa, dedicadas a la gestión de tierras y a la gestión medioambiental respectivamente. 


Era un sector público de tamaño apreciable. Había 22 entidades en el conglomerado, un conglomerado ruinoso desde el principio puesto que en 1989 ya tenían pérdidas reales por encima de los 11.000 millones de pesetas, unos 66 millones de euros, resultantes de restar los supuestos “beneficios” oficiales a las subvenciones de capital, que es el dinero que la Junta ponía y pone en ellas todos los años.

En el siguiente cuadro, en su parte superior, se aprecia suficientemente el “agujero” junto con unas deudas de más de 15.000 millones de pesetas, 90 millones de euros. Más abajo, puede comprobarse cuál es la distancia entre las “ventas” y las “subvenciones” - el 75 por ciento de los ingresos -, y puede comprobarse, pues, el auténtico carácter de las empresas públicas andaluzas desde su principio: un inmenso poder económico al servicio del partido en el poder.



Es el “pozo sin fondo” que critica la oposición andaluza sin que en todos estos años, 22 desde el primer informe se haya hecho otra cosa que engordar el monstruo. La época presidencial de Manuel Chaves ha consolidado un sector público asfixiante, concebido como columna vertebral del poder clientelar del Partido Socialista y verdaderamente ruinoso. 

En 2007, ya había 146 empresas públicas de la comunidad, 29 más que en 2006. Estas empresas producían pérdidas de 1.197 millones de euros (casi 200.000 millones de las antiguas pesetas).

Así lo acreditaba el informe de fiscalización sobre la Cuenta General de la comunidad de 2007 presentado por la Cámara de Cuentas. Según ese informe, la evolución de las empresas públicas andaluzas había empeorado respecto al ejercicio anterior. En 2006, la Junta las subvencionó con 2.424 millones y presentaron un beneficio de 37 millones. 



En 2007, el conjunto del sector arrojaba incluso unas pérdidas de 21 millones de euros, pérdidas se deben fundamentalmente al incremento de los gastos de explotación, especialmente en las empresas públicas Infraestructuras y Servicios Educativos y RTVA, así como a los resultados de la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA).

El consejero mayor de la Cámara de Cuentas, Rafael Navas, dijo en su balance de diciembre de 2010, que sin las subvenciones de explotación, las empresas de la Junta habrían tenido unas pérdidas globales de 1.600 millones de euros, una cantidad quince veces superior al ahorro previsto por la Consejería de Hacienda y Administración Público con su polémico "decretazo" de reordenación del sector público

El PSOE, siempre propagando que su objetivo es “lo social”, justifica la existencia de estas empresas aduciendo que permiten a la Administración andaluza una gestión ágil si la comparamos con la de las Consejerías, especialmente en el terreno “social”.

Pero los hechos son testarudos. Los pagos materializados por la Junta de Andalucía a esas 146 empresas públicas en 2007 alcanzaron un valor, según el informe fiscalizador, de 3.154 millones de euros (más de medio billón de pesetas), una cifra que superó en 600 millones lo presupuestado en las cuentas de la comunidad para este apartado ese mismo año. 

El 60,2% de esos fondos, 1.899 millones de euros, lo absorbieron cinco empresas públicas: Gestión de Infraestructuras de Andalucía (GIASA) dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, que recibió 427,66 millones de euros; la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) adscrita a la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa, con 366,72 millones; la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) Consejería de Presidencia, con 161,35 millones; la Empresa de Gestión Medioambiental (EGMASA) dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, con 424; y la de Infraestructuras y Servicios Educativos que pertenece a la Consejería de Educación, con 519 millones.

Sólo la última, la relacionada con Educación, puede considerarse una empresa de contenido “social”. Las que recibieron en los últimos cinco años el mayor volumen de pagos, unos organismos como EGMASA, IDEA, GIASA y la RTVA, nada tienen que ver con la educación y la sanidad.

De las 146 empresas del sector público, la Junta tiene participación mayoritaria en 58. El endeudamiento de estas sociedades (que deben a acreedores 3.015 millones de euros, medio billón de pesetas) creció en un 23%. 

Hay estudios que han constatado que existe relación directa entre el endeudamiento y la creación de empresas públicas, y Andalucía era en 2005 la cuarta comunidad autónoma, por detrás de Cataluña, Valencia y Madrid, con mayor nivel de endeudamiento de las empresas públicas. Estos datos se recogieron en un artículo sobre el balance de la política de empresa pública autonómica de la economista María Gómez Agustín, incluido en la colección de estudios socio-económicos de la Fundación Cajamar, en el que se pone de manifiesto un proceso expansivo del sector público generalizado en toda España. Sería un estudio más si en él no hubiera participado, Curro Ferraro, que fue alto cargo económico de la Junta de Andalucía.


No hay datos tan precisos sobre el año 2009, pero los “entes” públicos de la Junta recibieron subvenciones de explotación por importe de 3.900 millones de euros, casi 500 por cada andaluz. 

Junto con la administración del presupuesto y la cada vez más presente acción de las Cajas de Ahorro, la gestión de las empresas públicas de la Junta se ha convertido en un poder económico formidable y un instrumento de intervención al servicio del Partido Socialista como jamás antes se había dado en Andalucía.



En el más reciente debate sobre el papel de las empresas públicas celebrado en mayo de 2009, el portavoz del Grupo Popular, Salvador Fuentes Lopera, señaló cuál es el verdadero papel de las empresas públicas andaluzas: “Hay empresas públicas en Andalucía que están haciendo competencia desleal a la iniciativa empresarial. Hay empresas públicas en Andalucía que están atribuyéndose competencias que son de la Administración General; y, en definitiva, hay que corregir un sector público cada vez más costoso y poco eficaz.”

Estas palabras encabezaban una moción sobre la reforma de las empresas públicas que apoyó Izquierda Unida, en la parte primera relativa a la usurpación de las competencias de la Administración General, competencias que hurtan para eliminar las “barreras administrativas” que obstaculizan los objetivos del PSOE y de su gobierno. 

Es decir, las empresas públicas andaluzas no están concebidas para ayudar a la economía a despegar, para suplir a la iniciativa privada donde esta no llega o sucumbe. Tampoco para fomentar estructuras y medios desde los que pueda ejercerse la acción emprendedora de la sociedad civil. Ni siquiera por razones estratégicas de autonomía regional, si es que cupiera. Muy por el contrario, de lo que se trata es de intervenir, de controlar y de impedir o sustituir la libre acción de las empresas privadas. 

Desde su poder presupuestario, desde su poder en las Cajas, desde su presencia inmensa en el gasto social, desde su intervención sistemática en la vida empresarial y sindical, y desde su propio poder político y desde sus propias empresas privadas, el PSOE y la Junta ocupan la economía andaluza y condicionando y/o ejerciendo sus decisiones.

El último ejemplo de esta decisión de acaparar la realidad económica andaluza se produjo en el sector aeronáutico. A principios de 2009, la Junta ocupaba la industria aeronáutica andaluza. Lo hacía con estas palabras que muestran perfectamente cuál era la intención: 

"La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a través de la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA), ha asumido el liderazgo de la nueva sociedad aeronáutica Alestis Aeroespace, que nace con una plantilla de más de 1.000 trabajadores y una carga de trabajo comprometida que garantiza la creación de otros 1.000 nuevos empleos en los próximos años."



Con este hecho consumado, y como dijo El País, la Junta pasaba "de accionista minoritaria con derechos políticos, a líder del mayor proyecto aeronáutico español. La Junta de Andalucía, con el apoyo de Unicaja, Cajasol y el banco de las cajas andaluzas, el BEF, asumió ayer la dirección de la nueva sociedad aeronáutica, Alestis, de origen vasco, una firma que con un capital social de 120 millones de euros se convierte en un referente de primer nivel como proveedor y suministrador de componentes (Tier One, en la jerga del sector) para la industria aeronáutica.” 


La operación tiene como objetivo “dotar a Andalucía de un proveedor y suministrador de componentes aeronáuticos de primer nivel”, con capacidad para dar respuesta a la nueva estrategia de contratación de las grandes compañías tractoras del sector. Para ello, además del respaldo económico e institucional de la Junta de Andalucía, la nueva empresa cuenta con la participación del sector financiero, a través de Unicaja, Cajasol, que aportan 20 millones de euros cada una, y del Banco Europeo de Finanzas, que suma otros 5 millones. Es decir, todo dinero público y dinero del público andaluz.



La pregunta es: Si el negocio es tan estupendo y tan rentable, ¿por qué no hay empresarios andaluces que pongan su dinero sin la intervención de la Junta? 

¿Es que acaso los hay pero la Junta quiere intervenir en un sector como el aeronáutico? 

¿O es que los hay pero, acostumbrados como están al dinero público, se agazapan esperando el maná de la Junta? 

¿O es que quizás la operación no es nada rentable y nadie la quiere, salvo que los riesgos los asuma la Junta de Andalucía? 

¿O es que caben otras hipótesis menos limpias?

Porque, ¿qué hace un gobierno regional “liderando” un proyecto aeronáutico mientras Andalucía tiene la mitad de camas hospitalarias que Cataluña o sólo el 20 por ciento de las camas hospitalarias que recomienda la Organización Mundial de la Salud


Incluso cuando fuese absolutamente necesario hacerlo, en este caso para conseguir contratos del Airbus – el último por importe de 700 millones de euros fue publicitado por la Junta hace unos meses, en febrero de 2009 -, se estaría mostrando la debilidad de un sector privado domesticado por el dinero público, única garantía que aceptarían las grandes compañías de Europa y Estados Unidos para conceder proyectos a Andalucía.

Por si fuera poco, todo el proyecto se somete a un caos que muestran muy bien los titulares de El País sobre el particular mezclándose el problema industrial con el problema de los despedidos en el cierre de Delphi. Y las Cajas, de fondo, jugando al son de los intereses políticos del partido en el gobierno. 



De este modo, según El País, "el nacimiento de Alestis ha sido un parto difícil que ha durado más de un año. La operación que en principio iba a convertir al grupo catalán Ficosa y al vasco Alcor en accionistas mayoritarios del proyecto (51%), que nacía con origen en la empresa andaluza Sacesa (Sociedad de Componentes Especiales), en la que la Junta era mayoritaria, ha derivado en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) como accionista de referencia del consorcio. El 70% del capital de Alestis estará en manos andaluzas. Ficosa, afectada por la crisis del sector del automóvil, decidió la pasada semana abandonar el liderazgo del proyecto y ser socio minoritario.”

Es decir, de un proyecto inicialmente privado, ahora ha sido la agencia pública IDEA la que ha aportado el dinero necesario, junto a las cajas andaluzas Unicaja y Cajasol, para constituir esta empresa que pretende construir el Belly Fairing o panza del nuevo avión A 350 de Airbus. 


Un contrato que supone 1.000 millones de euros y la creación, dicen, de entre 1.000 y 1.200 empleos directos y hasta 3.000 indirectos. Y lo que garantiza el futuro: una carga de trabajo de unos tres lustros. Lo malo es que nos acordamos de Santana, de Cárnicas Molina y de otras muchas que fueron cantadas por los poetas oficiales de la propaganda socialista, los mismos que callaron cuando ERE tras ERE muestran la incapacidad de gestión de la Junta.



El poder de la Junta

En el debate de investidura del nuevo Presidente, Griñán quiso definir la socialdemocracia y proclamó que quería representar el cambio, para devolver la confianza perdida por la situación económica y una gestión a la que no es ajeno como responsable de los asuntos económicos de una Comunidad que camina hacia el 30% de parados según el último informe de Analistas Económicos de Andalucía.

Igualmente, Griñán prometió una Administración más ágil, más competitiva y más eficiente en una Comunidad llena de altos cargos, llena de consejeros y cuyos directivos ganan muy por encima — directivos de las empresas públicas— de lo que gana el Presidente de todos los andaluces. Además, prometió nuevas ayudas y también aliviar la carga burocrática que asfixia a las empresas —así lo dijo y así lo expuso—, en una Administración de la cual es partícipe y de la cual es responsable, que es y se caracteriza por ser farragosa, intervencionista, cara y muy lenta. 

Pero, naturalmente, sería más fácil empezar por una reforma de las empresas públicas para ganar eficacia ante la crisis y, sobre todo, para dar ejemplo. Pero de ser así se perdería la discrecionalidad, la arbitrariedad, el enchufismo salvaje e incluso el capricho que rodea la gestión de las empresas públicas, agencias y otras entidades de derecho público, que es lo que da poder al PSOE.

La trágica verdad es que ni siquiera cumplen la legislación vigente. Según la Cámara de Cuentas, no cumplen la Ley General de Hacienda Pública, ni el Plan General de Contabilidad Pública, ni con los programas de actuación, financiación e innovación de las empresas públicas, ni con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para propiciar la libre concurrencia y la publicidad de los mismos y tampoco con las obligaciones de colaborar y remitir a la Cámara de Cuentas toda la información exigida.

Tampoco tienen unificados los criterios contables aplicables a las subvenciones considerando el destino de las mismas. De este modo se consignan transferencias de capital que no son tales, sino meras transferencias corrientes y que concluye siempre en la burla al ciudadano al que se prometen presupuestos austeros mientras se transfieren gastos corrientes como gastos de capital.



Tales gastos a veces son tan desorbitados que la oposición política en el Parlamento andaluz ha exigido se dicten “medidas de austeridad y control de las retribuciones e indemnizaciones del personal directivo del sector público, de manera que ningún directivo pueda percibir ingresos superiores al nivel retributivo del Presidente de la Junta de Andalucía, fijados en el Presupuesto de la Junta de Andalucía.”

El descontrol de las ayudas, tanto de su concesión como del cumplimiento de los fines para los que se pidieron, es notable. Pocas veces se exige el reintegro en todos los casos en los que se ha incumplido la normativa vigente. Pone de manifiesto la Cámara de Cuentas año tras año que se están concediendo subvenciones a empresas que después no las utilizan para lo que fueron concedidas. Y eso, señorías, hay que replanteárselo y que se devuelvan esas subvenciones concedidas de forma irregular.

No son frecuentes las auditorías externas. No es posible el control parlamentario del sector público empresarial por la oposición de las propias empresas y del PSOE y, consiguientemente, ni se reforma ni se reordena según objetivos estratégicos económicos y sociales ni se reducen sus pérdidas, que en 2007 se situaban en torno a los 1.201 millones de euros —200 millones más que en el ejercicio anterior—. 

Por si fuera poca la sangría de recursos y el condicionamiento de la iniciativa privada que ello supone, competencia desleal incluida a las empresas de los diferentes sectores en que actúan, hay incluso empresas públicas en Andalucía que se atribuyen competencias que son de la Administración General, es decir, sustituyen a departamentos y/o funcionarios, intrusión denunciada por el Defensor del Pueblo Andaluz.

Para rizar el rizo digamos que la gestión de tesorería de algunas de ellas es manifiestamente peculiar. La práctica de subastar el dinero remanente en la tesorería la aprobó y practicó el hasta ahora consejero Griñán, hoy presidente de la Junta. 

El mecanismo consiste en subastar el excedente momentáneo de tesorería de la Junta y/o de las empresas públicas a Bancos y Cajas. Tal práctica, mientras se dejaba de pagar a los acreedores a los que se debía el dinero, fue duramente criticado por la oposición. Sin embargo, el director general de la RTVA, Pablo Carrasco, siguiendo el ejemplo de su predecesor, Rafael Camacho, íntimo amigo de Manuel Chaves y de Griñán, continuaba realizando esas subastas hasta hace bien poco pese a que se sabía que a fecha 20 de marzo de 2009 debía a sus acreedores a 90 días nada menos que 14 millones de euros. 




En el informe de auditoría que realizó la firma Ernst & Young con fecha de diciembre de 2007, la más reciente realizada a las cuentas del ente público, se señalaba que a esa fecha Canal Sur tenía inversiones financieras temporales a corto plazo en concepto de renta fija por valor de 61,851 millones de euros. Estas operaciones bancarias con sus excedentes de tesorería dieron como resultado una tasa media de rentabilidad del 3,73%.

En total, la radiotelevisión pública ingresó entre 2004 y 2008 6,6 millones de euros por este tipo de operaciones. De hecho, el informe señalaba a 31 de diciembre, según señala el informe, que Canal Sur tenía invertidos en operaciones financieras en el Banco Bilbao Vizcaya 51,050 millones de euros, mientras que mantenía 10,80 millones en el Banco de Andalucía. Un pelotazo. 

El problema es que tal pelotazo financiero le partía la cara a sus acreedores. Las RTVA "jugaba" con más de 61 millones de euros, en un momento en el que, según mostraba la auditoría, mantenía deudas con acreedores comerciales de 66,7 millones de euros. 

Esa deuda con los proveedores se sigue manteniendo, ya que Canal Sur adeudaba a 20 de marzo de 2009 unos 14 millones en obligaciones de pago a proveedores a noventa días o más. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la radiotelevisión pública trabaja con una media de 2.200 proveedores. 

En caso de demorarse más de 60 días, la administración debería abonar intereses de demora e indemnizaciones en los términos previstos por la Ley 3/2004, que establecen medidas para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales. El tipo legal de intereses de demora se fija siete puntos más del establecido por el Banco Central Europeo, lo que da como resultado del 9,5%. 

Esos intereses, denunció el PP, debería abonarlos Canal Sur a los proveedores por demorarse hasta los 90 días o más en los pagos. Pero el PSOE ha rechazado todos los planes de pagos al contado de la empresa pública RTVA. La última, formulada por el PP, pretendía que Canal Sur pagara a estas empresas en un plazo de 15 días, una vez que estas hubieran cumplido con sus prestaciones de servicios, lo que, en su opinión, permitiría «ofertar mejores servicios y que Canal Sur tuviera un ahorro de costes consiguiendo el mismo objetivo». Además, las empresas no tendrían que recurrir a los bancos para financiar el endeudamiento.

El PSOE rechazó la propuesta, que tuvo también la abstención de IU. Los socialistas justificaron su negativa en que el plan era «inviable» económicamente. Y desde luego, un pago seguro y rápido no permitiría “domesticar” a las empresas del sector audiovidual porque en vez del capricho o la arbitrariedad podrían acogerse a normas ciertas. 

Parece absolutamente reprobable que la RTVA se dedique a colocar fondos en subastas de entidades financieras mientras debe dinero a proveedores o, suponiendo que no debiera nada, podría proyectar y potenciar el sector audiovisual andaluz con el dinero remanente. 



El sector público local


El sector público local andaluz está constituido por 1.627 entidades, de las que son entidades locales básicas 8 Diputaciones Provinciales y 770 Ayuntamientos

De ellas, dependen 300 organismos autónomos y 302 sociedades mercantiles. Como entidades locales supramunicipales hay 71 Mancomunidades y 176 Consorcios participados por diversas administraciones públicas que cada vez condicionan más aspectos básicos de la sociedad andaluza, desde el agua a los transportes

El último informe de la Cámara de Cuentas sobre este sector público es de 2005. En él se adivinaba un crecimiento claro de organismos autónomos, sociedades mercantiles y consorcios, en un total de 24 entidades. No obstante difícil es de estudiar un sector que no cumple con la normativa ni entrega sus datos a la Institución fiscalizadora

Dice la propia Cámara de Cuentas en su informe que: “La principal limitación al alcance del trabajo efectuado proviene del incumplimiento por el 40% de las entidades del sector público local andaluz (36% en el ejercicio 2004), del deber de rendir cuentas previsto en el artículo 11.b de la LCCA, que recoge la obligación de las entidades locales de presentar sus cuentas anuales a esta Institución, antes del primero de noviembre inmediato posterior al ejercicio a que se refieran, lo que da lugar a que en el presente Informe no se pueda facilitar un análisis completo de todas las entidades que componen el sector público local andaluz.” 

En concreto para dicho informe de 2005, no había constancia ni de la fecha de aprobación de la Cuenta General de 2 Diputaciones Provinciales, 106 Ayuntamientos, 10 Mancomunidades, 28 Consorcios y de 60 Organismos autónomos. 

Además, del total de las 971 entidades que habían rendido cuentas en el ejercicio 2005, un 67 por ciento las presentaron fuera del plazo legal previsto creciendo la indisciplina general en 10 puntos respecto a 2004.

Considerando el sector público local propiamente dicho, es decir, organismos autónomos y sociedades mercantiles, empecemos diciendo de los primeros que de los 300 existentes, 29 dependen de las Diputaciones Provinciales, 4 dependen de Mancomunidades de Municipios y 267 dependen de Ayuntamientos. La mayor parte del dinero de estos organismos se emplea en actividades relacionadas con la construcción, haciendo la competencia a las empresas privadas.

El número total de Sociedades Mercantiles censadas en el ejercicio 2005 es de 302. De éstas, 24 sociedades dependen de Diputaciones Provinciales, 6 dependen de Mancomunidades y el resto, 272 Sociedades dependen de Ayuntamientos. 

De ellas, las dedicadas al suministro de agua y las Sociedades de construcción e inmobiliarias son las que mayor volumen de fondos gestionan y la suma de ambos sectores supone un 62% del total.

En el ejercicio 2005 únicamente las empresas de los sectores de agua, aparcamientos, cementerios, construcción e inmobiliarias, industrias manufactureras, no alimentarias y las industrias alimentarias arrojaron un resultado positivo en su conjunto.

El resto de sectores de actividad cerraron el ejercicio con pérdidas. 64 Sociedades de las estudiadas tuvieron pérdidas y 89, tienen beneficios en el ejercicio. Dos de ellas quedaron a cero. El endeudamiento medio de estas empresas es del 20 por ciento. Del conjunto de sociedades mercantiles analizadas había 27 cuyas pérdidas acumuladas habían dejado reducidos sus fondos propios en una cantidad inferior al 50 por ciento del capital social, que según el artículo 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas es causa de disolución de la Sociedad, salvo que se aumente o reduzca el capital en cantidad suficiente. 

Además, de estas 27 Sociedades, hay 19 que tienen fondos propios negativos, lo que significa que se encuentran en una situación de quiebra técnica

Se fundan empresas públicas pero, aunque su negocio es seguro y a veces competitivo con las empresas privadas como es el caso de la Construcción, siguen dependiendo de la Administración que las creó. 

El nivel medio de las subvenciones de explotación (dinero que dan los Ayuntamientos y Diputaciones cada año para su subsistencia) es del 7% (8% en el ejercicio 2004). Hay sectores cuyo nivel de dependencia es significativo llegando al 52% en el caso de Sociedades de Recaudación e Informática. Es decir, dadas las mayorías socialistas desde hace 30 años en Diputaciones y Ayuntamientos, también en los pueblos se desarrolla otro mecanismo de dominación y control a partir de estas empresas y organismos haciendo más espesa la tela de araña.




“Y haciendo sonar su zumbido, cayó el mosquito sobre el león, picándole repetidamente alrededor de la nariz, donde no tiene pelo. El león empezó a arañarse con sus propias garras, hasta que renunció al combate. El mosquito victorioso hizo sonar de nuevo su zumbido; y sin darse cuenta, de tanta alegría, fue a enredarse en una tela de araña. Al tiempo que era devorado por la araña, se lamentaba que él, que luchaba contra los más poderosos venciéndolos, fuese a perecer a manos de un insignificante animal,
la araña.”

Esopo, Fábulas




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