LA ZONA PÚBLICA : Los "no formados" de la Formación.

El interventor responsable del control financiero en todas las empresas y agencias públicas de la Junta de Andalucía, Ignacio García Revilla, se quejaba ante la juez Mercedes Alaya de la falta de medios con que deben realizar su trabajo él y sus compañeros. No sólo es que falte personal sino también que el que hay carece de la formación necesaria y los elementos más elementales para auxiliar a los interventores. Por ejemplo, no saben de contabilidad.


La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla le tomó declaración como testigo el 27/03/15, dentro de la operación Barrado contra el fraude en los cursos de formación

Segun EL MUNDO, al término de su declaración, el funcionario hizo constar las dificultades con las que han de realizar su trabajo los interventores, quedando expresamente recogido en el acta de su comparecencia.

No hay suficiente personal en las distintas unidades de la Intervención y, además, éstas incorporan trabajadores «escasamente» preparados porque proceden normalmente de otros departamentos de la Junta de Andalucía y no han recibido una formación específica para trabajar con los interventores. De hecho, según las fuentes, García Revilla se quejó de que estos trabajadores desconocen «lo más básico» del oficio, como por ejemplo, «contabilidad».

Ello es lo que provoca, según señaló este responsable de la Intervención, que los informes se emitan con un retraso «importante», lo cual dificulta el control del uso de los fondos públicos y la recuperación del dinero, en el caso de que se detecte que ha sido defraudado.

De hecho, en su declaración destacó la «inmensa debilidad» que a su juicio supone que la Junta de Andalucía inicie muy pocos expedientes de reintegro de dinero público que ha sido mal empleado por los receptores de subvenciones. 

La Administración tiene cuatro años para comenzar este trámite, pero recurre a él en contadas ocasiones, de forma que, en el caso del presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación, todas las que se debieron justificar antes de abril de 2011 pero no lo han sido y que no han sido reclamadas se pueden dar por perdidas. Serían los casos en los que ha caducado el derecho de la Junta a iniciar el expediente de devolución, si bien, en el supuesto de existir una responsabilidad penal o delictiva, ésta no habría prescrito.

Aspecto que mostraba el Juzgado de instrucción número seis de Sevilla en donde se observan los documentos referidos a la macrocausa de los cursos de formación el 22/02/2015. Foto. Cadena Ser.

El interventor lamentó esta falta de medios sobre todo porque además del trabajo ordinario de control, se deben atender muchos requerimientos judiciales derivados de los numerosos escándalos y, además, se deben emitir informes dirigidos al Ministerio de Hacienda sobre el cumplimiento del objetivo de déficit de cada año. 

Toda esa carga de trabajo, unida a la escasa cualificación del personal, obstruye la labor cotidiana, si bien, según las fuentes, admitió que a raíz de las investigaciones judiciales por presuntos fraudes en la Junta de Andalucía, el papel de la Intervención se ha reforzado.

Previamente, el interventor había expuesto ante la juez que investiga el presunto fraude en las ayudas de la Junta para cursos de formación que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) engañaba a la Intervención de Hacienda para que ésta autorizara el pago de las ayudas. Según explicó, el SAE hacía uso de una posibilidad que permite el artículo 40.1 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía para fiscalizar subvenciones. 


Dicha normativa permite que no sean los interventores los que fiscalicen directamente el cumplimiento de los objetivos para los que fue concedida una ayuda sino que bastaría con que el órgano gestor que la tramitó certifique el buen uso del dinero.

Y así lo hacía el SAE, con la salvedad de que en un muestreo realizado para un informe anual se constató que dichos certificados no tenían nada que ver con la realidad. Pero el mal estaba hecho, porque lo interventores, año tras año, habían ido dando por buenos esos certificados, autorizando el pago de ayudas que en realidad se estaban desviando o no estaban sirviendo para los fines para los que fueron concedidas.




TEXTO ORIGINAL



El ex consejero andaluz de Hacienda, Ángel Ojeda, concedía una entrevista en la que exponía afirmaciones que contradecían no solo los hechos denunciados. Más.








http://vozpopuli.com/actualidad/60428-un-alto-cargo-de-la-junta-cesado-por-susana-diaz-destapa-un-nuevo-pufo-millonario-en-andalucia#.VogtEDsRJem.facebook


Extracto de imagen perteneciente a una Cláusula de confidencialidad para evitar 'filtraciones' en la investigación sobre los cursos de formación. Más.






Ante los acontecimientos denunciados en abril de 2016, mientras se desarrollaba la Comisión parlamentaria, a cerca del fraude en Cursos de formación, la presidenta Susana Díaz, salía en defensa de los empleados encargados de protagonizar el lamentable hecho, utilizando referencias cómico-cinematográficas, entre otras, argumentando que: "Hacer un escándalo de una quema de folletos es de Torrente".



Según publicaba 20minutos, la líder andaluza de Podemos explicaba que su partido ha revisado el Código Penal, concretamente el artículo 205, y que, en virtud del mismo, entienden que la ministra "tiene la obligación de asistir" a la comisión pues de lo contrario, ha advertido, "estaría quizás incurriendo en un delito de desobediencia". "Todo el mundo está obligado a asistir a una comisión de investigación que reglamentariamente se haya establecido tanto en el Congreso de los Diputados como en cualquier asamblea legislativa, en este caso el Parlamento andaluz", ha apostillado Teresa Rodríguez, quien ha criticado que la falta de voluntad que demuestra la ministra por asistir a este órgano parlamentario "es abiertamente una falta de respeto a Andalucía y al Parlamento". 




























 











 









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