LA ZONA PÚBLICA : Por el camino de la Reina Gobernadora

Carlos Marichal lo resume perfectamente: "Deseaban eliminar las raíces mismas del radicalismo popular y juzgaban que sólo mediante la restricción de las elecciones municipales democráticas se podía lograr este objetivo". Juan Ignacio Marcuello añade: "Se trataba de asegurar al Gobierno central un control decisivo de los ayuntamientos a través de la designación de los alcaldes". Ambos historiadores se refieren a la estrategia del Partido Moderado al presentar su proyecto de reforma municipal en 1840. Pero no hace falta cambiar ni un acento para retratar la principal pretensión de Rajoy ante el curso que comienza.


Ya que ninguno de los mediocres que le rodean en Moncloa o por acción u omisión le bailan el agua impresa tiene cacumen para hacerlo, seré yo quien le advierta de lo que le sucedió entonces a la Reina Gobernadora María Cristina de Nápoles, regente durante la minoría de edad de su hija Isabel II y jefa de facto de los moderados. A ver si el estólido en su estrago se entera de en donde se está metiendo.

Lo que se dirimía era, como hoy, pura y descarnadamente una cuestión de poder. O si se quiere de empleomanía política. 

Como la Constitución de consenso de 1837 que había corregido buena parte de los defectos de la Pepa se limitaba a establecer que "habrá ayuntamientos nombrados por los vecinos" (art. 70), las elecciones municipales seguían rigiéndose por una ley del Trienio Liberal, muy avanzada para la época, que permitía votar a casi un millón de españoles. 

La consecuencia era que el Partido Progresista, apoyado por la emergente burguesía urbana, copaba las alcaldías de las principales ciudades mientras los moderados controlaban el Congreso, fruto de un sistema electoral censitario mucho más restringido.

Si no fuera por esa yerma incuria monclovita, cualquiera diría que los dos principales trazos de aquel proyecto de ley municipal, amparado por María Cristina y la camarilla de los Muñoces -parientes del guardia de corps con quien la regente había contraído siete años antes un matrimonio morganático que seguía ocultando a la nación- son los que inspiran hoy a Rajoy. Se trataba por un lado de restringir el censo, despojando del derecho al voto a una parte significativa de los vecinos; y por el otro de establecer la designación directa de los alcaldes por el jefe político de la provincia.

No son cosas distintas las que hoy plantea el PP por mucho que la orwelliana María Dolores de las Mentiras y su pajecillo Riquete el del Copete retortijen y despanzurren cada lunes el lenguaje. 

Convertir en alcalde al cabeza de la lista más votada, otorgándole una prima de mayoría a palo seco, supondría dinamitar el sistema de representación proporcional y democracia parlamentaria que rige todas nuestras instituciones. 

Eso equivaldría en la práctica a restringir el derecho al voto o al menos convertir en votantes de segunda, condenados a una mera expresión testimonial, a quienes no estén dispuestos a pasar por el aro del bipartidismo. Apoyar bajo la nueva norma a Vox, Ciudadanos, UPyD, Podemos, IU o cualquier candidatura local independiente sería poco menos que tirar el voto.

Como además nada se dice de elecciones primarias -he ahí la bicha del PP- ni de candidaturas abiertas o desbloqueadas, está claro que ese cabeza de lista seguiría siendo designado por la cúpula del partido. O sea por Rajoy en el caso de las grandes ciudades -tras su reciente encuentro secreto con Esperanza Aguirre cualquier mañana despejará digitalmente la incógnita de Madrid- y por sus machacas en el caso de las medianas y pequeñas.

Que el mismo PP que acaba de incumplir su promesa seminal de despolitizar la carrera judicial pretenda rebozar esta maniobra neocaciquil con el buñuelo de viento de una quita de aforamientos -en una instancia u otra los corruptos toparán con los jueces que han nombrado- para venderla como regeneración democrática produce, digámoselo claro a Gallardón, arcadas morales. Por eso hay que poner las cartas sobre la mesa. ¡Claro que habría un sistema idóneo para devolver al pueblo las riendas de la política, convirtiendo al candidato más votado no sólo en alcalde -¿por qué pararse en barras?-, sino también en presidente de la comunidad autónoma o del Gobierno! 

Ese sistema es el presidencialista que consagra la separación de poderes eligiendo, como ocurre en Estados Unidos, en una urna al jefe del Ejecutivo y en otra a los miembros del legislativo. Pero eso es una República en la que los partidos pierden casi todo su poder y en la que, por supuesto, nos sobra el Rey, sea Padre, Hijo o Espíritu Santo.



Sin llegar tan lejos, el modelo parlamentario ofrece una variante que garantiza que los electos actúen como mandatarios de sus electores y no como criadas para todo que igual limpian unos crímenes de Estado a la cal viva, un ectoplasma de armas de destrucción masiva o unos obscenos SMS de apoyo a la corrupción y obstrucción a la justicia. 

Me refiero al sistema mayoritario, basado en distritos uninominales en los que a una o dos vueltas se elige a quienes más confianza merezcan como concejal, diputado autonómico o congresista

Ellos a su vez eligen a los alcaldes o presidentes, pero a partir de ese momento su reválida dependerá de lo que los ciudadanos de su distrito opinen de su conducta y no de la cantidad y calidad de felaciones que, para bochorno de propios y extraños -esa es cada mañana, cada tarde, cada noche, la hoja de ruta de la política en España- practiquen a tales jefes.

Estas son las dos vías hacia la regeneración o el "empoderamiento" ciudadano, por no rehuir el cursi híbrido de arcaísmo y anglicismo que ha puesto en boga Podemos

Ambas modalidades requerirían reformar la Constitución y supondrían un harakiri de la Casta, similar a la de los procuradores franquistas al renunciar a la democracia orgánica. Hacia ahí deben enfocarse el debate y la presión de la sociedad civil a través de todas sus tribunas y, por qué no, de la protesta en la calle.


Apertura de las sesiones de las Cortes del Estatuto Real por la regente María Cristina de Borbón el 24 de julio de 1834

O sea en dirección opuesta a esta farsa chapucera ideada por Rajoy para dar la impresión de que trata de salvar el culo de los alcaldes que saldrán a competir con el lastre de su romo, incompetente y mendaz liderazgo. Ya que no puedo daros ni un proyecto para España, ni unas buenas leyes tributarias, ni siquiera una trayectoria ética de la que enorgulleceros, os doy una trampa de última hora para que os las apañéis como podáis. 

Que nadie diga que no me ocupo de quienes dependen de mí para poder seguir dependiendo solamente de ellos. Right or wrong, por las buenas o por las malas, desdiciéndome de todo lo antedicho en cuanto al consenso como requisito de cualquier reforma electoral, is my party.

El egoísmo oportunista de aquella intentona de modificación del régimen municipal que nos sirve de precedente quedó de manifiesto durante los intensos debates que tuvieron lugar los primeros días de junio de 1840 en las Cortes. Recomiendo vivamente a los diputados que, aunque sea por capricho, quieran aprender a expresarse en público -puede serles útil si un día, por cefas o nefas, tienen que ganarse la vida de otra manera- que repasen en el Diario de Sesiones el torneo de oradores desencadenado para la ocasión entre los Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano, Pidal o Mon por el bando moderado y los Argüelles, Calatrava, San Miguel o Sancho por el progresista.

Fue mi tocayo Pidal quien clamó contra la "confusión y el caos político" que resultaría -tecla a la que también recurre hoy el PP- si no se intervenía en la elección de los alcaldes: 

"Tendríamos ayuntamientos carlistas, anarquistas, moderados, exaltados. En fin resultaría un completo y ridículo mosaico". El ambiente se caldeó muchísimo cuando unos y otros se acusaron recíprocamente de "traidores", "perjuros" y "rebeldes" a la Constitución. Y una vez más fue mi admirado Calatrava quien -en uno de los últimos cantos del formidable cisne parlamentario que era- resumió la cuestión de fondo con precisión quirúrgica:

- Todo vecino mayor de edad, con casa abierta, cabeza de familia y un modo honesto de vivir tiene un derecho del que no le puede privar ninguna ley, para concurrir al nombramiento de concejales porque tiene igual interés que los vecinos ricos en que los pueblos estén bien administrados... Establecer un monopolio a favor de la riqueza siempre es perjudicial pero puede ser aún más pernicioso en lo municipal...

Fue entonces cuando Martínez de la Rosa entró al trapo y quedó junto a toda aquella derecha oligárquica en evidencia:

- El que tenga ciertos bienes fruto del sudor y del trabajo, ese tendrá el goce de los derechos políticos, pues lo que la ley previene está lejos de ser una exclusión de ninguna clase. No dice la ley a los pobres: quedáis para siempre fuera de este derecho, sino: trabajad, adquirid y tendréis la puerta abierta a los derechos políticos. No es una exclusión, es un estímulo.

Cuando los moderados impusieron su rodillo, negándose a aceptar ninguna de las enmiendas que desmochaban su artefacto, los diputados progresistas optaron por lo que se conoció como el "retraimiento", abandonando el Congreso y dando por hecho que boicotearían las elecciones desde su Aventino municipal. 

¿Se imaginan el impacto que tendría la comparecencia conjunta de Santi Abascal, Albert Rivera, Rosa Díez, Pablo Iglesias, Cayo Lara y hasta Pedro Sánchez -si no se deja llevar al huerto por esos prebostes del Ibex 35 y el marianismo mediático que tanto le cultivan- planteando iniciativas similares? 

Rajoy, De las Mentiras y Arenas -cuya pertinaz portavocía en este asunto obliga a preguntarle si cree que el presidente de la Junta de Andalucía debería ser él, como cabeza de la lista más votada, y no Susana Díaz- tendrían la fuerza; pero la razón estaría del lado de las minorías expoliadas pues las reglas del juego, como la unidad de la Nación, no pueden cambiarse por la mitad más uno y menos cuando las papeletas van ya camino de la imprenta.

En el verano de 1840 se disparó la espiral de la protesta. Jover Zamora habla de un "hondísimo y generalizado desasosiego". Miles de ayuntamientos pidieron a María Cristina que no ratificara la nueva ley municipal, pero ella estampó su firma en defensa de quienes consideraba más afectos a su trono. 

Los principales ayuntamientos se constituyeron entonces en Juntas rebeldes a la legalidad -"ese es el método, sire, que tenemos en España para hacer las revoluciones", le había escrito Quintana a Lord Holland- y el general Espartero, hombre fuerte del momento como vencedor de la Primera Guerra Carlista, se puso de su lado. El 17 de octubre la Reina Gobernadora se embarcaba en Valencia en el vapor Mercurio, rumbo al exilio en Francia, con su corte de Muñoces y una fortuna fruto de la rapiña, equivalente a la acumulada por la trama Gürtel.

Quince días después el embajador norteamericano Middleton enviaba un despacho a su secretario de Estado, tratando de explicarle la inesperada aceleración de los acontecimientos: 

"Se podrá preguntar cómo fue posible que la Reina y las Cortes no calibraran correctamente el límite de la tolerancia popular". Y él mismo se respondía: "Esta falta de perspicacia se debió en parte a la apatía aparente en que estuvo sumergida la nación durante los tres últimos años... Yo siempre pensé que la mayoría de los jóvenes de cierta educación y propiedad eran progresistas y que eventualmente triunfarían sobre todos los esfuerzos por imponer una línea política retrógrada". "Historia magistra vitae" o, como le gusta decir a mi amiga Clara Alvárez, pasando de Cicerón a Horacio, "de nobis fabula narratur".







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