LA ZONA PÚBLICA : Jaque al "Protestante"

Un informe de Amnistía Internacional (AI) denuncia que en España el derecho a protestar pacificamente está "amenazado". En concreto, la organización critica el creciente uso de las multas a participantes en manifestaciones pacíficas, la "fuerza excesiva" en las detenciones policiales y documenta casos de malos tratos a detenidos bajo custodia policial.


Para la presentación del estudio, en Madrid, la organización contaba con Jorge Aranda, activista de la 'Marea Blanca' en defensa de la sanidad pública, detenido y acusado el 25 de marzo de 2013 por intento de agresión al entonces consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. La acusación contra Aranda fue desestimada judicialmente después de visionar las imágenes del acto de la protesta, grabadas por un medio de comunicación, en las que la juez apreció como "no creíble" la versión de los agentes.

Aranda, un auxiliar de enfermería de 35 años, siempre defendió que nunca intentó agredir al consejero, del que permaneció alejado varios metros durante la protesta. Amnistía presenta a Aranda en su informe como el prototipo de activista perseguido en un país "sumido en una profunda crisis económica, con un elevado índice de desempleo, y donde las medidas adoptadas por el Gobierno Central y los gobiernos regionales han dado lugar a recortes en servicios básicos como la sanidad o la educación". 

Javier Fernández-Lasquetty

Previamente a su detención, y también con posterioridad, este madrileño había sido sancionado varias veces más "por ejercer su derecho a la libertad de reunión", asegura el informe. En concreto, por participar en otras manifestaciones y protestar contra los desahucios. 

El documento de Amnistía concluye que el de Jorge Aranda "dista de ser un caso aislado". En los últimos años, AI ha recibido "decenas de informes" que señalan las "restricciones crecientes, incluido el uso de multas, impuestas por las autoridades españolas a quienes participan en manifestaciones pacíficas". 

Jorge Aranda

En su estudio critican las comprobaciones colectivas de identidad a manifestantes e informan, como ya hiciera 20minutos, del aumento de las multas administrativas a las personas por asistir a protestas públicas. AI asegura haber encontrado "indicios claros" de que las sanciones pueden estar teniendo un efecto disuasorio, desalentando a la gente de participar en las protestas".

A la organización internacional independiente, en permanente campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos, le preocupan también la reforma del Código Penal y el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, en cuanto a que puedan afectar al ejercicio de la libertad de expresión y de reunión.

Amnistía Internacional siente preocupación por los informes que indican que los periodistas y fotógrafos que cubren las manifestaciones han sido blanco de la violencia policial. 


El documento —basado en las entrevistas a víctimas, familiares, periodistas, abogados y representantes de organizaciones de derechos humanos, ONG y movimientos sociales en 2013— expone su preocupación por la persecución a los organizadores de protestas como los 'rodea el congreso', y documenta algunos casos de uso excesivo de la fuerza en las detenciones y de malos tratos en comisaría. 

Leandro Acosta, músico de 19 años, fue detenido tras la manifestación del 25-S y es el protagonista de una fotografía en la que se ve a once agentes antidisturbios agarrándole de los brazos, las piernas, la cabeza, la nariz y la cara (arriba). Leandro asegura que le "trataron de apretar los huevos y la garganta, se veía que disfrutaban de hacerme daño (...). Había cristales de botellas rotas, y me tiraron encima a propósito; así me corté en el pecho y empecé a sangrar", ha contado a la organización. 

Ante estas denuncias, Amnistía solicita a las autoridades españolas "revisar la legislación, las políticas y las prácticas en las manifestaciones para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión". Además ha puesto en marcha una campaña en su web para solicitar firmas por el derecho a la protesta pacífica.




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