LA ZONA PÚBLICA : Cuando leer un Comunicado cuesta 301 euros

Después de que las organizaciones Tareas Solidarias y Accionenred denunciaran el 17 de marzo de 2014, que la Subdelegación del Gobierno les había amenazado con multar con 301 euros a uno de sus miembros por la convocatoria de una manifestación que fue desautorizada y llevó a la concentración de 23 personas ante Hacienda y la propia Subdelegación, las ONG indicaron que, con el apoyo de la Plataforma Pobreza Cero de Huelva, presentarían un escrito de alegaciones ante esta administración. 


En las alegaciones, las organizaciones negaban la existencia de ninguna acción o actuación que pueda ser sancionable, y manifestaban el comportamiento "intachable" de los participantes en la concentración. También aducían que el derecho de reunión, que está constitucionalmente reconocido, debe "primar por encima de formalismos tales como la comunicación extemporánea de la celebración de una manifestación". Asimismo, apuntaban que el derecho de reunión no debe limitarse salvo en casos excepcionales y por motivos graves de orden público. 

Otras alegaciones argumentaban que los hechos que se pretendían sancionar no afectaron a bienes jurídicos, a terceras personas, ni a instituciones, así como que el propio objeto de la concentración convierta la posible sanción en "un símbolo de la insensibilidad de las administraciones hacia las gravísimas consecuencias de empobrecimiento que provoca en muchos sectores sociales las políticas económicas desarrolladas por el Gobierno de España". 


En el escrito, las ONG recordaban que la manifestación fue denegada por la Subdelegación porque se comunicó con sólo cuatro días de antelación en vez de los diez que fija la ley, si bien las organizaciones solicitantes decidieron "no hacer la manifestación pero si concentrarse pacíficamente y sin alterar el orden", frente a los edificios de Hacienda y de la Subdelegación, para leer un comunicado. 


Según la comunicación remitida por la Subdelegación del Gobierno, los 23 reunidos portaban pancartas reivindicativas y repartieron material informativo, permaneciendo unos 20 minutos en el Paseo de Santa Fe y media hora en la puerta de la Subdelegación del Gobierno, de modo que los hechos podrían constituir una infracción grave de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, de ahí la sanción propuesta, la mínima posible. Para este tipo de infracciones, la multa puede llegar a 30.050,61 euros.

Más:
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