LA ZONA PÚBLICA : El desalojo del Cerro de San Miguel

Según eldiario.es, la Policía procedía de madrugada, y por sorpresa al desalojo de las cuevas del Cerro de San Miguel de Granada. El Ayuntamiento argumentaba que eran lugares inhabitables en los que no se puede vivir, mientras sus inquilinos e IU mantenían que detrás de esta operación hay intereses urbanísticos. Las cuevas no estaban siendo tapiadas sino derribadas En el desalojo hubo retenciones policiales y Stop desahucios convocaba en aquellos momentos una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Granada.

La Policía durante el desalojo

A las 5 de la mañana llegaban los vehículos policiales al Cerro de San Miguel y a las seis empezaba el desalojo de seis de las ocho casas-cuevas que el Ayuntamiento de Granada ordenaba desalojar (ya que dos se habían caído solas por deterioro). La policía cerraba todos los accesos a la zona, convirtiendo en imposible la entrada incluso para residentes de cuevas legales. 


La policía aseguraba que tenía una orden de desalojo, sin embargo la abogada de los inquilinos, que tampoco podía acceder a las cuevas, afirmaba que la notificación esgrimida era ilegal porque estaba recurrida.


El 10 de diciembre de 2013, unas 200 personas se concentraron para frenar el desalojo anunciado por el Ayuntamiento granadino. 



El PP, que gobierna en el Consistorio, aseguraba que se encontraban en ruinas.  Posteriormente, Isabel Nieto, concejala de Urbanismo, volvía a advertir de la peligrosidad que suponían como alojamiento por la inestabilidad del terreno. La concejal de Urbanismo, ya explicó a final de año que los estudios manejados por el Consistorio señalaban que no se trata de cuevas “históricas”, sino excavadas y agrandadas a lo largo de las últimas décadas, con grave riesgo de derrumbe para sus ocupantes, además de que no contaban con las condiciones para una habitabilidad “digna”.

Isabel Nieto

Convocados por Stop Desahucios Granada y los afectados, consideraron entonces que la medida respondía a intereses urbanísticos y turísticos del Consistorio, opinión que compartía IU  que acusaba al gobierno municipal de querer especular con el terreno. 

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, afirmaba entonces que “detrás” del desalojo latía “la intención de crear alojamientos turísticos rurales y despejar la zona de vecinos”. Algo que casi todo el mundo sostenía pero nadie estuvo en condiciones de probar más allá de la intuición.


Momento en el que la Policía Local se repliega ante el acoso de un grupo de jóvenes indignados.

Sin embargo, y según Puentedura, “es una realidad, está negro sobre blanco: en la propuesta del Plan Especial Albaicín que presentó el PP en 2005, y que estaba paralizado por la Junta, se señalaba en esta zona un mirador, un restaurante y una zona de alojamiento turístico rural. Quieren cambiar la titularidad de toda la parcela, incluidas las cuevas, cuando la titularidad no está clara en muchísimos casos, y cuando el Ayuntamiento ya ha tenido que reconocer la titularidad de 7 de ellas y ha perdido un juicio” al respecto en otro caso.


Del interior de las cuevas tuvieron que salir sus ocupantes, prácticamente sin tener opción a retirar las pertenencias que allí guardaban. Varios camiones de bomberos también acudieron por si era necesaria su intervención, que finalmente no hizo falta. 

Poco antes de las 9:00 se marchaban del lugar. Una vez cumplido con ese proceso, dos máquinas excavadoras y dos remolques se encargaban de sellar las cuevas. Pasadas las 10:00 horas la cadena se reforzaba el operativo con dos remolques más para agilizar los trabajos. 


Un vecino, Juan Megías, denunció el tránsito de maquinaria pesada sobre su vivienda "con el riesgo que eso conlleva para su estructura". Este vecino aseguraba que a las siete de la mañana volvía a casa después de trabajar y que quería descansar. Ofuscado por lo sucedido insistió en la "ilegalidad" de la intervención municipal. Megías destacó el trabajo realizado por sus convecinos. "Los desalojados son los que se han encargado de rehabilitar las cuevas. Esa gente ha hecho una maravilla aquí". 




Laura y Mónica, dos jóvenes granadinas contemplaban los hechos desde la plaza del Salvador. En la lejanía se perfilaban las excavadoras que rellenaban de tierra los orificios. "Increíble", comentaban ambas. Al mediodía cuatro de las casas ya habían sido "destruidas", según Stop Desahucios Granada en su perfil de Twitter. Los desalojados seguían en la zona rodeados de agentes. 



Unas doscientas personas se concentraron en la plaza del Carmen. A las puertas del Consistorio granadino mostraban su descontento con la actuación municipal. Manuel Sáenz, como representante de Stop Desahucios, denunció la forma "premeditada y violenta" en la que se produjo la expulsión de los moradores. 


Borislav Petrov muestra la orden de desalojo de la cueva en la que vivía. Más.

El recurso contra la orden judicial que daba vía libre al desalojo impide "por ahora" cualquier intervención en el cerro de San Miguel, recordaba la citada plataforma ciudadana. "El Ayuntamiento ha actuado antes de que se sepa si puede hacerlo o no", apuntó Sáenz. Este miembro del colectivo también aludió a "problemas de toda índole" que afectan las consejerías de Vivienda y Cultura de la Junta de Andalucía, al ser una zona de gran valor paisajístico por lo que no se pueden hacer operaciones "como las que han hecho esta mañana". Sáenz lamentó que el Consistorio no contemplara el realojo de los vecinos. 


En la protesta se encontraba una vecina que ha habitado en alguna ocasión en la zona en cuestión. "No han venido con papel judicial de desalojo", decía esta chica que denunció el estado en el que habían quedado las cuevas. "Las han destrozado por dentro y por fuera". Según el relato de esta joven llamada Raquel la situación anímica de los inquilinos era "mala".




















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