LA ZONA HISTÓRICA : Huelva y los protagonistas de su Memoria


Huelva fue una provincia con fuerte base de izquierdas desde finales del siglo XIX, tan fuerte como su estructura caciquil e incluso colonial. Votó izquierda hasta en las elecciones de 1933 y fue una de las provincias que puso mayor resistencia al golpe militar de 1936, y por ello es la provincia de Andalucía occidental que más intenso fue el problema de los huidos después del triunfo de éste. En consecuencia y sin duda alguna, se trata de una de las provincias del sur más afectadas proporcionalmente por la característica más destacada de todo golpe militar: la represión. 



La llamada “guerra civil en Huelva” fue un paseo triunfal de fuerzas militares y paramilitares contra civiles mal armados de escopetas y unos pocos fusiles recogidos en los cuartelillos de la G. Civil, seguida de una oleada represiva de raíz ideológica y clasista sin precedentes. 

Se tardó dos meses en tomar pueblo a pueblo la provincia y dos largos años en doblegar a unos sectores sociales que se negaban a desaparecer. La victoria dio lugar a una eterna “paz vengativa”. La paz fue muy dura con los vencidos: el país se pobló de edificios habilitados para cárceles y campos de concentración. No les fue mejor a los que se libraron de la cárcel: no sabían donde ir. Fue tan devastadora la represión, que a los vencidos, a los que ni si quiera se les daba la categoría de personas, temían volver a sus pueblos. 

Después la transición llevó al olvido una etapa histórica muy dura que, unos por unas razones y otros por otras, preferían olvidar. Y todo ello acompañado por una destrucción, manipulación y expolio de las fuentes documentales y archivos hasta extremos increíbles. 


En pueblos ciertas páginas de los libros de actas han sido embadurnadas de tinta; en otros casos es peor pues falta un tomo completo o incluso varios, y si descendemos a otro tipo de documentos todo será peor. De cualquier forma los datos sobre la represión desbordan todo cálculo. 

En la provincia de Huelva entre agosto y parte de septiembre de 1.936desaparecieron 1.924 personas, con nombres y apellidos, aunque si recordamos las cantidades que manejaba el cónsul portugués Melo Barretosólo en el mes de agosto desaparecieron 2.500 personas. 


Así se explica el pacto de silencio, o el temor de los ingleses a quedarse sin mano de obra: los 8.500 obreros que formaban la plantilla de la Compañía de Río Tinto el 18 de julio, se habían reducido a 5.400 a finales de agosto. 



Cráneo y mandíbula hallados en Encinasola (Huelva) Más

Hasta los propios fascistas lo reconocían entre ellos: “El primer elemento cumplió con exceso su elevada misión…”, decía por escrito el alcalde de Río Tinto a sus camaradas de la provincia en 1938. En otras palabras: la represión inicial fue excesiva…por ello a comienzos del año 37 se inició el maquillaje de la realidad, en dos documentos únicos procedentes de Niebla y Trigueros en febrero en mayo de 1937 respectivamente, lo prueban:”Debe evitarse en absoluto el espectáculo deprimente y peligroso, para la salubridad, de la exposición de cadáveres al aire libre por más tiempo que el marcado para su enterramiento”. 



El otro dice:”Sirvase dar las órdenes oportunas a fin de que desaparezcan de las paredes de todos los edificios de ese término municipal, las huellas de los impactos de bala, y especialmente los que haya en el cementerio, por el pésimo efecto que producen a viajeros a su paso por los pueblos…” Primero, las tareas de saneamiento social, después higiene y estética. 

El terror ya había ejercido su efecto paralizante. Mientras nos querían borrar las huellas de todo aquello a lo que se denominó eufemísticamente “el Movimiento”, otros no se resignaban a que sus familiares quedasen incluso sin inscribir en el registro de defunciones, como si no hubiese existido. El fenómeno fue de tal envergadura que de los 36 años de dictadura hubo solicitudes de inscripción fuera de plazo en 31 de ellos. 


Pero siempre con el rechazo de que constase la verdadera causa de fallecimiento; de ahí las tachaduras, los errores de fecha o el recurso a fórmulas como “hemorragia interna” o “anemia aguda”Después, en 1979, sólo hizo falta que la UCD aprobase la Ley de Pensiones de Guerra, para que se diese tal número de solicitudes, que en los 11 años que van del 79 a 1990 se superó el número de inscripciones realizadas en plazo legal entre 1936 y 1944.  




De las 3000 inscripciones habidas en los Registros Civiles entre 1936 y 1990 sólo 500 fueron realizadas en plazo legal. De las restantes, 2000 hasta el 75, fueron realizadas mediante expedientes de inscripción fuera de plazo, hecho asombroso si se tiene en cuenta la cantidad de requisitos que acarreaba, alguno de ellos tan fuerte como “declaración de dos testigos ante el Juez Municipal”: ¿Quién se atrevía en un pueblo y en los años oscuros a testificar sobre “muertes violentas no reconocidas legalmente? Debieron ser muchos los que prefirieron, salvo necesidad no entrar en trámite alguno. 

De ahí la importancia del esfuerzo realizado mediante documentación y tras la consulta de diversos archivos, para lograr aportar con nombres y apellidos otros mil casos de personas nunca inscritas; los archivos de la de la Compañía minera, los informes del partido fascista Falange que se conservan en algunos archivos municipales y la Causa General, que además de levantar acta de lo ocurrido en los pueblos durante el dominio de las izquierdas solicitaban el nombre y paradero de los responsables. 




Entonces desde algunos ayuntamientos se enviaron listados completos de nombres con aclaraciones sobre su destino: por ejemplo. “A todos ellos les fue aplicado el bando de guerra” o “falleció a consecuencia del “Glorioso Movimiento Nacional”. 

Así que ha sido la propia documentación elaborada por los vencedores sublevados para justificar sus actuaciones la que al final se ha vuelto contra ellos mismos. 


Pese a ello aún queda mucho por saber. Queipo y sus fuerzas ocuparon la provincia en distintas fases y dejaron para el final la cuenca minera. Movilizaron tres grandes columnas militares e incluso aviación, que bombardeó despiadadamente varios pueblos en agosto. 


Pero llegaron tarde, cuando muchos habían huido. Al sentirse defraudados iniciaron inmediatamente una terrible campaña de muerte y devastación. 



Ocupación de Aracena, Huelva por las Tropas de Franco

En muchos pueblos, los habitantes eran obligados a realizar el saludo Fascista después de ser sacados de sus casas.

Es conocido, aunque no suficientemente, que los únicos asesinatos atribuibles a la izquierda tuvieron lugar en el Campillo, entonces Salvocheadonde perdieron la vida 11 de los detenidos. No era nada conocido sin embargo, que uno de los bombardeos aéreos, en la mañana del 20 de agosto, anterior a los sucesos de Salvochea, causó 5 víctimas en dicho pueblo y 12 de Nerva


Las represalias sobre los habitantes se iniciaron en el mismo momento en que las columnas comenzaron a actuar. Ejecuciones sumarias y asaltos a centros obreros o a domicilios particulares fueron práctica habitual. La columna Redondo llegó a prender fuego a una zona de Salvochea. Las detenciones en masa comenzaron desde que entraron las fuerzas de Álvarez de Remetería


Bastaba simplemente vivir allí. Inmediatamente se formó una comisión que estableció in situ y a su antojo el grado de supuesta responsabilidad de los detenidos, hechos desaparecer desde el mismo día 26. De este genocidio, del que existían minuciosas relaciones en los Servicios de Investigación y Vigilancia de Falange, en los ficheros de la Guardia Civil y, por supuesto, en la Delegación de Orden Público del Gobierno Civil, han quedado escasas pruebas. Y las que quedan están viciadas. 




Baste decir que en el registro de defunciones de Nerva sólo recoge menos de 300 casos. Sabemos de todas formas por el estudio general de la provincia que la represión se efectuó en dos fases: la del Bando de Guerra, que iría de agosto del 36 a comienzos del 37; y la de los Consejos de Guerra, desde marzo de 1.937 hasta 1.945. 


No sería exagerado afirmar que en el entorno Nerva-Riótinto- El Campillo y Zalamea, donde tenemos constancia de la muerte de unas 750 personas, desapareciesen en realidad en torno a 2500. La represión fue tan dura que destruyó para siempre un complejo tejido social, político y económico elaborado pacientemente durante decenas de años. Pocos podrán imaginarse la terrible situación en la que quedaron miles de personas. Sólo las que la vivieron. 


El hambre del 40 y del 41 vino a sumarse a los desastres del golpe militar, llevándose por delante varios cientos de personas más. Los que estaban en la cárcel sufrieron la misma suerte. 


El recuerdo del terror marcó incluso a muchos de los soldados que se vieron obligados a intervenir en la represión. En sus recuerdos quedaron dos hitos: Sevilla y Huelva, hitos si siquiera borrados por matanzas posteriores como la de Badajoz



VASCOS EN LA PRISIÓN PROVINCIAL DE HUELVA (1936-1939)

Muchas personas murieron con la desazón de haberle sido arrebatada la propia memoria de sí mismos: su juventud, sus ideales políticos, sus amigos, sus novios y novias, sus familiares, sus vecinos, sus propiedades, sus recuerdos…Todo, hasta las cosas pequeñas como cartas o fotografías, absorbido todo ello por aquella vorágine desatada en julio del 36 por la oligarquía española con la ayuda de los sectores antidemocráticos y antirrepublicanos del Ejército. Han tenido que pasar 60 años para que se abrieran algunos archivos a la investigación 

La visión de los vencedores pesa aún como una losa. Costará mucho eliminar sus palabras y la interpretación que impusieron, todavía vigente en muchísimos libros de reciente aparición y con ediciones de decenas de miles de ejemplares. 


A nadie se le ocurre a estas alturas utilizar la palabra cruzada en vez de guerra, pero sí la palabra movimiento nacional en lugar de Golpe Militar. En la transición se han realizado inscripciones donde en la causa del fallecimiento se leía “Por aplicación del Bando de Guerra.” Bastará decir que dicho bando era completamente ilegal y basado en la fuerza bruta de las armas. 


Otra palabra tapadera es fusilamiento, que para que se dé es necesario que exista detención legal, juicio, sentencia firme, aprobación de la autoridad, ejecución dirigida por un oficial, presencia de médico forense e inscripción en el Registro Civil. Esto quiere decir que como mínimo entre julio del 36 y marzo del 37, salvo excepciones, no hubo fusilamientos. Esa palabra no sirve. 



Víctimas de la Represión en Zufre, Huelva. Más

Tampoco es necesario insistir en que en los consejos de guerra del 37 al 45 no guardan relación alguna ni con lo que es un juicio ni, en términos generales, con el concepto de Justicia o con el mundo de garantías procesales. Se necesita repensar aquella realidad para expresarla correctamente. Nuestra historia reciente está llena de trampas. 


De interpretaciones tendenciosas que van asentándose en nosotros casi sin darnos cuenta. 


Durante mucho tiempo estuvo extendida la idea de que el bando republicano, los rojos, habían sido en todos los sentidos la misma representación del mal; un tiempo después pasó a considerarse que esos rojos habían sido los peores; posteriormente, ya en tiempos de la transición, al irse conociendo algo de lo que pasó, se estableció que los dos bandos, los rojos y los otros, habían sido igualmente responsables de los males sobrevenidos. 


Hoy, cuando las investigaciones de la guerra civil abarcan todo el país, podemos mostrar y demostrar lo que ocurrió, con datos y documentos. 


A pesar de la gran cantidad de trabajos provinciales sobre el golpe militar y la guerra civil, el de Huelva realizado por el investigador e historiador Francisco Espinosa, trabajos lentos y laboriosos, su influencia no ha alcanzado a muchos medios de comunicación y grandes editoras de libros, que de manera machacona siguen repitiendo la misma cantinela que hace 5, 10 o 15 años. 


El Tormenta, El Alpargatero, Lara, Ricardo, El Pajarito… Eran apodos atribuidos a vecinos del pueblo onubense de Encinasola. Ellos, como Ripoll, Mazarrón y varias decenas más, fueron asesinados por la represión franquista. Al menos cinco de ellos serán exhumados, 77 años después, de una fosa común en el cementerio municipal, en una labor coordinada por la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) y financiadas por la Diputación de Huelva con el apoyo logístico del ayuntamiento local.
"Ya es tarde, hija". Era la mañana del 30 de octubre de 1936 y el guarda del improvisado calabozo de la localidad enclavada en la sierra de Aracena espetó esta frase, con significado de sentencia, a Salud Domínguez. Llevaba café a su padre, José, un carpintero de 48 años que había sido arrestado por los golpistas sólo unos días antes y que, desde entonces, es uno de los más de 114.000 desaparecidos que hay en España víctimas del alzamiento militar y la dictadura. Más.

Cantinela tras la que se ocultan cuatro ideas básicas: que fue una terrible e inevitable desgracia, que ambos bandos fueron responsables, que la violencia y la barbarie los igualó y que de aquel sacrificio colectivo, e incluso de la misma dictadura que le siguió, surgió la actual democracia. 


“Escribe a tus padres y despídete, esta noche te matamos”. José Camps Fernández nació en Bollullos Par Del Condado (Huelva). Hijo de José Camps Ramos y Mª Antonia Fernández Maraver, y hermano de Teresa, Francisco y Manuel. Soltero. Era campesino y sabía leer y escribir. Sobrino de Camps, el municipal y destacado izquierdista. Más.

Creencias mayoritarias, extendidas y afianzadas. Si la gente pudiera ver imágenes de cómo actuaban las columnas militares rebeldes como la columna Redondo por la sierra de Aracena o de lo que ocurrió en la cuenca minera despejaría toda manipulación o ignorancia, pero la memoria gráfica fue destruida. Casi Todo lo que nos queda es lo que nos legó el franquismo. Las primeras medidas de censura gráfica se toman en agosto de 1936. En otras palabras, el fascismo había conseguido uno de sus objetivos: ya no es posible a estas alturas reconstruir en sus aspectos fundamentales el pasado que destruyó. 

Si pudiéramos ver los saqueos de los periódicos (El Liberal, La 

Provincia,…) la quema de urnas el 16 de febrero de 1937; la destrucción de bibliotecas como las dos de Valverde del Camino. Incluso las imágenes del fotógrafo sevillano Serrano, siempre al lado de sus amigos de la columna y ocultador de casi todo, resultan fuertes. Las imágenes de registros que se reproducen en el libro La guerra Civil en Huelva del historiador Francisco Espinosa, al igual que las verdaderas palabras de las charlas de Queipo, nunca aparecieron en la prensa. 

Si pudiéramos contemplar las pequeñas historias de las miles de personas cuyas vidas fueron destrozadas por ese grupo de elegidos que decidió cambiar el rumbo del país a sangre y fuego… Si pudiéramos ver ahora las casas y las calles de los pueblos en los años de posguerra, en los años del hambre o las caras de los emigrantes cuando se fueron. Lo cierto es que no lo veremos. 


Algo de ello hay en los álbumes y cajas de fotos de cada casa y hay que sacarlo para que quede memoria de dónde venimos y de lo que fuimos. Lo primero que hace toda dictadura en controlar todas las vías de información, neutralizando las que no les son afines. Lo demás, el adoctrinamiento, es cuestión de tiempo. 




El resultado, después de cuarenta años de dictadura y 30 de democracia, lo conocemos: no tenemos muy claro porqué se llegó a la República; padecemos cierta confusión entre República y Guerra (pensamos que la primera causó la segunda); no sabemos muy bien porqué comenzó esta (mezclamos golpe y guerra), y por lo general somos incapaces de distinguir un republicano de un socialista. Pesa mucho la propaganda franquista. 

No podía ser de otra manera. Varias generaciones fueron inmunizadas contra toda veleidad democrática. Se guarda parcialmente la memoria del miedo, del hambre y de la emigración, sin adentrarse mucho en sus causas. 


Probablemente los que más sufrieron no quisieron transmitirla, quizás porque transmitir esa memoria conduciría a una rebeldía que una vez más sería cortada de raíz. El miedo llega hasta hoy. Nuestra memoria del pasado sufre graves daño, como su hubiera sido amputada parte de ella. 


Nos asombramos de los “desaparecidos” de Argentina o de Yugoslavia y resulta que aquí, entre nosotros, deambulan las sombras de miles de asesinados cuya defunción nunca fue recogida en registro alguno para no dejar huella de lo que se estaba haciendo. Legalmente esas personas no han muerto. La práctica de desapariciones forzadas en Huelva fue sistemática y masiva. ´




Para probar su sistematicidad, es fácilmente constatable la planificación de la represión contra simpatizantes de la causa republicana por parte de las autoridades militares responsables del golpe de estado. 

La mayoría de las víctimas de desapariciones forzadas fueron identificadas y detenidas por su militancia política de izquierdas y pro-republicanas. Un número importante de "desaparecidos" ejercían cargos públicos locales (concejales, alcaldes), además de los ejecutados judicialmente con este perfil. 


Nos consta la existencia de listas que eran leídas en los centros de detención provisionales controlados por la autoridad militar. 


Se puede comprobar también que las "sacas" de estos centros de detención eran organizadas por municipios: coinciden las fechas de "liberación" de las personas detenidas del mismo municipio. 


El carácter masivo de las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales cobró especial gravedad en algunas localidades, donde hubo desaparecidos, incluidos concejales y el propio alcalde. 


Las inscripciones de defunción por causa violenta o de desaparición a causa de la guerra o de "la lucha nacional contra el marxismo" son un indicio claro de la magnitud de la represión que tuvo lugar en Huelva, pero hay que tener en cuenta que no todas las familias inscribieron la defunción. 

A la constatación de la existencia de personas desaparecidas en relación con el golpe militar, cabe contraponer la localización de fosas comunes ilegales en toda la provincia. 


La AMHyJA ha podido documentar que en Huelva hay fosas comunes de tres tipos: 


1) Fosas excavadas cerca de las tapias de los cementerios municipales donde se practicaban las ejecuciones extrajudiciales, de carácter ilegal entonces. La mayoría han quedado absorbidas por la ampliación de los cementerios municipales. 

En algunos casos se han abierto sin ningún procedimiento especial para exhumar la fosa. En otros, se han construido nichos encima, está localizado el lugar donde se excavó una gran fosa común, pero de momento no está identificada como tal por las instituciones competentes. 

2) Fosas excavadas en fincas privadas. 



La investigación sobre el paradero y la suerte de las personas desaparecidas en Huelva durante la Guerra civil se ha centrado en la información obtenida de fuentes orales, de archivos militares y de los libros de defunción de los Registros civiles. 

Esta última fuente permite confeccionar un censo no oficial de 

1) Personas ejecutadas en virtud de una sentencia judicial militar

2) Personas identificadas muertas violentamente, inscrita la causa de defunción bajo términos repetidos sistemáticamente en las inscripciones de defunción como "a causa de la guerra", "hemorragia cerebral", "shock traumático", "disparos de bala", "infarto cerebral", "a causa de la pasada lucha nacional contra el marxismo". 

3) Personas muertas no identificadas que constan como "Desconocido". La descripción literal de estas personas (color de cabello, estatura, edad aproximada, vestimenta, cicatrices y otras señales) está siendo recopilada para que los familiares de los desaparecidos la puedan consultar y localizar a estas personas, que en su día no fueron identificadas. 

4) Personas "desaparecidas" según consta en el Libro de Defunción de los Registros civiles, la mayoría en Huelva capital. 

Todos estos datos permiten constatar a la AMHyJA la existencia de miles de personas desaparecidas en Huelva de las que se presenta una lista de 33 personas que permite constatar el carácter sistemático de la práctica de las desapariciones forzadas atendiendo a la militancia política, a la localidad de residencia y a las fechas de detención y "liberación" de las personas detenidas por grupos armados falangistas y retenidas bajo control militar. 

La AMHyJA ha venido realizando esta tarea de investigación a instancias de los familiares de los desaparecidos y ha llegado a numerosas conclusiones sobre la suerte de los detenidos y su paradero actual, cruzando los datos obtenidos en los Registros civiles, en los Registros de los Cementerios municipales y, asimismo, la documentación que obra en poder de las familias (cartas, certificados) y las fuentes orales recopiladas por escritores, periodistas, historiadores y por la propia Asociación. 

Los familiares han sido puntualmente informados de estas conclusiones, pero dado que la mayoría de las observaciones de la AMHyJA conducen a la localización de los desaparecidos en fosas comunes situadas en la provincia, la Asociación ha considerado necesario recabar el auxilio de la Administración de Justicia ante lo que considera claros indicios de delito que, por su carácter imprescriptible, deben ser investigados en beneficio de los intereses de los familiares de los desaparecidos interesados en su localización. 


Se negó a que una de sus hijas fuera la criada de un ‘señorito’. ‘Después de que la raparan y le dieran aceite de ricino, la callaron para siempre’. Más.


A continuación se enumeran brevemente los casos de desaparición forzada que se han planteado a la AMHyJA, indicándose no sólo los nombres de las persona desaparecidas sino también la localidad de residencia, la fecha, las circunstancias y el lugar de detención (en caso de ser conocidos) y las conclusiones de la AMHyJA en cada caso. Del conjunto de los datos aportados por la AMHyJA se puede constatar el carácter sistemático de la práctica de las desapariciones forzadas, en concreto: 

- la fecha en que fueron detenidos grupos enteros en diferentes localidades de Huelva caracterizados por su militancia política, así como la fecha de su "liberación" son coincidentes, lo que indica que se confeccionaron listas de personas que iban a ser detenidas por su ideología política y que las "sacas" se ordenaron y se llevaron a cabo atendiendo a criterios geográficos, siendo ejecutadas las personas detenidas por su residencia en una localidad determinada. 

-la militancia política de las víctimas de las desapariciones forzadas, siendo la mayoría militantes o simpatizantes del Partido Socialista, de Izquierda Republicanadel Partido Comunista, Sindicatos como la Confederación Nacional del Trabajo y la Unión General de Trabajadores, entre ellos los alcaldes y concejales de la mayoría de pueblos. 

-la participación de grupos armados paramilitares identificados por su adhesión al partido fascista Falange Española y a la integrista Comunión Tradicionalista que entraban y detenían de forma ilegal en el propio domicilio de los ciudadanos y, en la mayoría de los casos, los ponían a disposición de las autoridades militares. 


Restos hallados en Encinasola, Huelva. Más

Posteriormente, estos grupos participaban en la ejecución extrajudicial de los detenidos una vez eran "liberados" del centro de detención donde fueron recluidos sin intervención judicial ni información a los familiares, ni mucho menos acceso a un abogado. 

-la tolerancia y aquiescencia de las autoridades militares que de facto ostentaban el poder tras el golpe de estado en Huelva, respecto de estas detenciones ilegales y la posterior "desaparición" de centenares de personas, especialmente entre 
los meses de julio de 1936 y 1937, así como su participación en la detención prolongada e ilegal de centenares de hombres y mujeres en prisiones y centros de detención bajo su control. 

-la existencia de lugares concretos de ejecución masiva en los que no se ha practicado ninguna exhumación ni se ha identificado la presencia de restos humanos pertenecientes a personas asesinadas. Los hechos relatados eran constitutivos de delito en el momento de su comisión (de acuerdo con el Código penal vigente de 1932) y, por su carácter sistemático y masivo, pueden ser calificados en la actualidad como crímenes de lesa humanidad de desaparición forzada, de acuerdo con el artículo 607 bis del Código penal tras la reforma de la Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que entró en vigor el 1 de octubre de 2004. 

Estos crímenes, por su carácter imprescriptible, deben ser investigados y perseguidos hasta esclarecer el paradero y la suerte de las personas desaparecidas. 

Así ha sido afirmado y confirmado por el Tribunal Europeo de Derechos humanos en su reciente sentencia de 17 de enero de 2006 (caso Kolk y Kislyiy v. Estonia). 

Las desapariciones forzadas son al mismo tiempo violaciones de los derechos humanos, del derecho humanitario y crímenes de lesa humanidad. En su comisión se hallan implicados tanto individuos como el propio Estado. Los primeros son sujetos de responsabilidad penal por un claro delito de detención ilegal, como mínimo. 

Si el acto de desaparición forzada se ha cometido como parte de un ataque sistemático o masivo contra la población civil, entra dentro de la categoría de crímenes contra la humanidad, por lo que se le aplicará el régimen jurídico propio de estos crímenes, entre ellos el principio de imprescriptibilidad. 


Un grupo de personas de asociaciones de víctimas del franquismo de Navarra siguen en el interior del Parlamento Foral. Más.

En cuanto a la responsabilidad del Estado, las desapariciones forzadas constituyen hechos ilícitos internacionales de carácter continuo, por lo que las obligaciones de cesación del ilícito, garantía de no repetición y reparación, exigibles al Estado según el Derecho internacional contemporáneo, son plenamente vigentes mientras no cese el ilícito ni se repare de forma adecuada y efectiva a los familiares más directos de las personas desaparecidas. 

La jurisprudencia internacional ha conocido ya casos de desaparición forzada en los que se ha establecido la responsabilidad del Estado por violación de los artículos correspondientes a estas violaciones de derechos humanos según los convenios generales respectivos. 


Calañas (Huelva) Exhumación de 11 personas asesinadas el 13 de noviembre de 1937. Eran José Gil Romero, Agustín González Vázquez, Martín González Volante, Fernado Márquez Leandro, Manuel Patricio Valle, Alfonso Pavón Sánchez, José Pavón Sanchez, José Rodríguez Dominguez, Diego Sánchez Delgado, Luis Serrano Delgado y Juan trigo Campillo. ARMH: Noviembre de 2008.

La Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos se han pronunciado en este sentido en los casos Velásquez Rodríguez c. Honduras, a raíz de la denuncia Nº 7920/1981, con sentencia de 29 de julio de 1988; Godínez Cruz c. Honduras, denuncia Nº 8097/1982, sentencia de 20 de enero de 1989; Caballero-Delgado y Santana c. Colombia, denuncia Nº 10319/1989, sentencia de 8 de diciembre de 1995; Blake c. Guatemala, denuncia Nº 11219/1993, sentencia de 24 de enero de 1998; Villigran Morales y Alcase c. Guatemala, denuncia Nº 11383/1994, sentencia de 19 de noviembre de 1999; Trujillo Oroza c. Bolivia, sentencia de 26 de enero de 2000; Caracazo c. Venezuela, sentencia de 11 de noviembre de 1999; Bámaca Velásquez c. Guatemala, denuncia Nº 11129/1993, sentencia de 25 de noviembre de 2000; Durán y Ugarte c. el Perú, denuncias 
Nos. 10009 y 10078/1987, sentencia de 16 de agosto de 2000. 

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha hecho lo propio en el caso Bleier c. Uruguay, comunicación Nº 30/1978, observaciones finales de 29 de marzo de 1982, asi como en Quinteros Almeida c. Uruguay, comunicación Nº 107/1981, observaciones finales de 21 de julio de 1983; Sanjuán Arévalo c. Colombia, comunicación Nº 181/1984, observaciones finales de 3 de noviembre de 1989; Mojica c. República Dominicanacomunicación Nº 449/1991, observaciones finales de 15 de julio de 1994; Bautista de Arellana c. Colombia, comunicación Nº 563/1993, observaciones finales de 27 de octubre de 1995 Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha confirmado la responsabilidad del Estado en la investigación de los casos de desaparición forzada en el caso Kurt c. Turquía, demanda Nº 24276/94, sentencia de 25 de mayo de 1998; así como en Kaya c. Turquía, demanda Nº 22535/93, sentencia de 28 de marzo de 2000; Tas c. Turquía, demanda Nº 24396/94, sentencia de 14 de noviembre de 2000; Cicek c. Turquía, demanda Nº 25704/94, sentencia de 27 de febrero de 2001; Chipre c. Turquía, demanda Nº 25781/94sentencia de 10 de mayo de 2001. 

Destaca especialmente la consideración de los familiares de las víctimas de desaparición forzada como víctimas de violación de los Convenios en materia de derechos humanos, a título del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, del derecho a garantías procesales en otro, del derecho a un recurso efectivo o del derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, humillantes o degradantes. 


Santiago emprendió la búsqueda de su tío en cuanto se jubiló de su trabajo de empleado de banca en Osuna (Sevilla).-LAURA LEÓN. Más

La AMHyJA entiende que los familiares de desaparecidos son víctimas de tortura porque la desaparición les causa graves sufrimientos, y considera que la etapa posterior a la detención (denegación de información a los familiares sobre suerte y paradero del detenido) se caracterizó en Huelva por tener como objetivo la humillación, el maltrato y la indefensión de estos familiares, así como su castigo por simpatizar con la causa democrática y republicana y, en consecuencia, ser contrarios al golpe de estado y a la ideología y al régimen represivo que le siguió. 

Esta consideración puede afirmarse en concordancia con lo establecido en el artículo 1.2 de la Declaración sobre desapariciones forzadas, con la jurisprudencia europea (caso Kurt c. Turquía, 1998) y con el Proyecto de Convenio sobre desapariciones forzadas (NU doc. E/CN.4/Sub.2/RES/1998/25). 

En el caso Pinochetasimismo, el Juez de extradición, tuvo en cuenta que los 3.198 casos de “desapariciones” de personas antes y después de 1988 podían constituir “tortura mental” por sus efectos sobre las familias de los “desaparecidos” y eran, por ello, extraditables (Judgement In the Bow Street Magistrate Court, The Kingdom of Spain v. Augusto Pinochet Ugarte, Mr Ronald David Bartle, Metropolitan Magistrate, 8 de octubre de 1999). 

En España no se ha realizado una investigación exhaustiva e imparcial de los crímenes cometidos durante la guerra civil con independencia del bando al que hubieran pertenecido los autores de tales crímenes o sus víctimas. 

Además, la AMHyJA considera que el Estado no ha llevado a cabo una política de reconocimiento ni de reparación temprana, completa ni proporcionada a los graves abusos de derechos humanos cometidos en nombre del Estado, ni tampoco ha depurado responsabilidades políticas ni criminales. 



La AMHyJA considera que la Audiencia Nacional es competente para conocer crímenes de lesa humanidad cometidos en España, así como lo hace por hechos acaecidos fuera del territorio español. 

Así, en el caso Scilingo la Audiencia Nacional dictó sentencia en abril de 2005 condenando al ex militar argentino a 640 años de privación de libertad por crímenes contra la humanidad (Sentencia nº 16/2005, Sumario 19/1997, rollo de Sala 139/1997, Juzgado Central de Instrucción nº 5, Sección 3ª, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional). 

Según la Audiencia Nacional en el caso Scilingo, la opinio iuris cogentisen torno al carácter imperativo de la norma que prohíbe los crímenes contra la humanidad no plantea ninguna duda. Deduce esta opinio iuris del propio origen de estos crímenes, remontándose al Derecho humanitario y a la Cláusula Martens en los Convenios de La Haya (1899 y 1907) hasta su primera incriminación en el Derecho internacional positivo en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945) y su posterior confirmación en la Resolución 95 (I) de 11 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de la incipiente ONU, formulada por la Comisión de Derecho Internacional en 1950. 

La AMHyJA constata por todo ello que las desapariciones practicadas durante la guerra civil española son coetáneas a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Alemania antes de la II Guerra mundial pero en relación con ella, que fueron perseguidos y enjuiciados por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg creado por el Acuerdo de Londres de 1945. 


Placa colocada por la Coordinadora Cuenca Minera de Río Tinto para la Memoria Histórica, el Foro Social de Valverde del Camino y el Foro por la Memoria de Huelva en un acto de 2008
Fuente de la foto: http://valverdelibre.blogspot.com.es

Aunque las detenciones ilegales no estuvieran tipificadas entonces en el  Código penal español de 1932 como desapariciones forzadas ni como crímenes de lesa humanidad, y que en los juicios de Nuremberg éstos fueran juzgados sólo en relación con la II Guerra Mundial, dos argumentos permiten considerar esas desapariciones también como crímenes contra la humanidad: el mantenimiento de la situación de guerra hasta el 5 de marzo de 1948 por el régimen franquista y la condena del régimen franquista por las Naciones Unidas como régimen fascista asociado a los países del Eje e incluso como culpable de conspiración en la II Guerra Mundial. 

Así, en la Resolución 32 (I) del 9 de febrero de 1946 las Naciones Unidas expresaron su condena al régimen de Franco en los siguientes términos: “el actual gobierno español, el cual habiendo sido fundado con el apoyo de las potencias del Eje, no posee en vistas de sus orígenes, su naturaleza, su historial y su íntima asociación con los Estados agresores, las condiciones que justifiquen su admisión”. 



En la Resolución 39 (I) de 12 de diciembre de 1946, el órgano plenario de Naciones Unidas insistía en que por “sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini”, y culpable, asimismo, de conspiración para cometer crímenes contra la paz desencadenando la II Guerra Mundial. 

En opinión de la AMHyJA, los argumentos que basaron la sanción de los crímenes nazis son aplicables a los crímenes cometidos durante la Guerra civil y durante la represión franquista. 

En este contexto jurídico, la AMHyJA considera que cabe exigir responsabilidades al Estado español por las desapariciones forzadas no esclarecidas, dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional. 

En primer lugar, porque la perpetuación de la impunidad de los autores de estas desapariciones y la falta de información y de investigación sobre el paradero y la suerte de los "desaparecidos" significan una violación del deber de los Estados de respetar y hacer respetar los derechos humanos, en especial los derechos de los familiares como víctimas también de la desaparición forzada. 


Fusilamiento supuestamente llevado a cabo durante la represión en el Cementerio de La Palma del Condado, Huelva

En segundo lugar, porque la norma que prohibe los crímenes contra la humanidad es de ámbito universal, así como la propiaAudiencia Nacional lo ha señalado en su sentencia nº 16/2005 (Caso Scilingo) y según se desprende de la persecución y enjuiciamiento de hechos similares perpetrados en Alemania y en los países ocupados por el régimen nazi, coetáneos a los crímenes perpetrados en España entre 1936 y 1939 en relación con el golpe de estado militar y la guerra civil española. 

Guillermina, con la foto de su padre, tras la prueba de ADN. El ADN de Guillermina abrirá el primer banco de víctimas del franquismo en Andalucía// LAURA LEÓN. Más.

La AMHyJA considera que no se debe discriminar a las víctimas y a los familiares de las víctimas de desaparición forzada en función de la nacionalidad de los desaparecidos ni del lugar de comisión de tal delito. 

QUINTO.- A la AMHyJA le consta que en España se está procediendo desde el año 2000 a la investigación de las desapariciones de miles de personas en registros civiles y fuentes historiográficas paralelamente a la localización y exhumación de fosas comunes en todo el territorio español por parte de particulares, en la mayoría de los casos organizados en torno a asociaciones para la recuperación de la memoria histórica. 



En algunas Comunidades Autónomas o incluso a nivel Estatal, se cuenta con el apoyo logístico y económico de las autoridades municipales, regionales, autonómicas, estatales. 

Sin embargo, la AMHyJA considera que ésta es una tarea que incumbe al Estado, por las responsabilidades criminales y civiles que se derivan de unos hechos que, a nuestro juicio, son constitutivos de delitos y no han sido investigados por las autoridades competentes, que son, en nuestra opinión, las judiciales. 

Por todo ello, pedimos el auxilio de la justicia en la localización del paradero o destino final de las personas enumeradas en el punto segundo.






Las siguientes personas fueron detenidas en Huelva, entre 1936 y 1944 y sus familiares, la mayoría con residencia en Andalucía, no tienen conocimiento de las circunstancias de su detención ilegal ni las autoridades competentes les han facilitado información sobre su suerte y paradero en la actualidad: 

Isidro Fernández Cordero 
Manuel Reinoso Carrasco 
Pedro Morales Guitart 
Antonio Castañeda Díaz 
Diego Cepeda Jiménez 
Miguel Cepeda Jiménez 
Antonio Cáceres Soltero 
Francisco Domínguez Soltero 
Martín Audén Peláez 
Antonio Rodríguez Rivero 
José Medina Martínez 
José Díaz Morales 
Francisco Acosta 
Juan De Los Santos Rivero 
José Moreno 
Juan Acosta Fernández 
Antonio Barrera Raposo 
José Camacho Díaz 
José Campos Fernández 
Miguel Cano Merchante 
Antonia Carrasco Salas 
Juan Castillo Clavijo 
Francisco Clavijo Valenciano. 
Juan Díaz Cruz 
Manuel Díaz Salas 
Antonio Gallardo Salas 
José Luís González Domínguez 
Josefa González Ramírez 
José Lagares Fernández 
Luís Lagares López 
Rafael López Domínguez 
Antonio López Naranjo 
Eduardo Molina Martos 

 TEXTO
Rafael López García 
Francisca Maqueda Fernández



Bando publicado por el Alcalde de Encinasola, Huelva, y último acto en el que se ha dado sepultura a asesinados durante el Franquismo, hasta la fecha.



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