LA ZONA PÚBLICA : Crónica de un despido/desahucio

Amaya Muñoz, de 31 años, es la penúltima víctima de la reforma laboral del Gobierno, tras recibir la carta de despido de la empresa en la que llevaba trabajando desde julio, Konecta BTO dedicada al telemarketing. "Antes de salir me llamaron de Recursos Humanos y me comunican que me despiden por repetidas faltas al trabajo. Todas estaban justificadas, pero aún así te pueden despedir", relataba a Público.



En la carta de despido indicaban unas cuantas ausencias, entre las que incluían la del 11 de septiembre, cuando más de 100 antidisturbios la desalojaron de su casa de alquiler. Pagaba 600 euros de renta a los que no podía hacer frente al estar desempleada. Ese fue el segundo intento de desahucio, ya que la primera vez fue paralizado por las plataformas por la vivienda de Madrid. La inmobiliaria Laudea con la que había contratado el alquiler no le permitía cancelar el contrato y la amenazaba constantemente con incluirla en una lista de morosos.

Según cuenta Amaya, tras el desahucio no se encontraba bien. "Fui al médico y me prescribió unos días de baja, que también ha contabilizado la empresa", apunta. Precisamente, ella avisó con una semana de anterioridad de que esa mañana tendría que faltar al trabajo por motivos judiciales. "Pedí el día y me lo denegaron. Como última instancia me ofrecieron cambiar el turno". Pero la víspera del desahucio su jefa no se mostró muy conforme. Las palabras exactas que utilizó su superiora fueron: "Ya eres mayorcita para saber cuáles son tus responsabilidades. Atente a las consecuencias", recuerda Amaya.



Lo peor, asegura, es que cuando se reincorporó el 20 de septiembre, después de la baja y de ser desahuciada, tuvo que "aguantar las mofas de mi jefa. Me decía que me había visto por la tele y en Internet con mucha sorna", asegura

La noticia cogió por sorpresa a la joven, que pensaba que su cita con Recursos Humanos iba a tratar de unas horas extra para las que se había ofrecido voluntaria. "Imagina mi cara cuando me dijeron que me llamaban para despedirme", afirma aún con incredulidad. "No tiene sentido que me despidan por faltas justificadas. Pueden despedirme por mi rendimiento, pero yo vendía seguros y vendía muchos", critica Amaya.



Sin embargo la legalidad ampara a la empresa, que se acoge al artículo 52. D. del Estatuto de los Trabajadores [Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses].



Desde la sección sindical del CGT de la empresa, Javier Paredes asegura que el caso de Amaya es otro ejemplo de la "precarización e indefensión" de los trabajadores y en concreto del sector de telemarketing, ya bastante precario incluso antes de la reforma laboral. Según este miembro del comité de empresa, la reforma del Gobierno ha reducido considerablemente los días que se pueden faltar al trabajo "originando situaciones dramáticas como ésta".

Paredes asegura que la compañía ni siquiera comunicó al comité de empresa el despido. "Nos pusimos en contacto con ella porque no avisó un compañero de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)".



También añade que Konecta es "una empresa especialista en despedir por causas objetivas. Contrata y despide a gente cada mes", por lo que no dudaron en hacerse cargo del caso de Amaya. "Lo que le ha pasado a esta mujer le puede pasar a cualquiera en esta o en otra empresa", sentencia.

La afectada asegura que irá a los tribunales "para alegar despido improcedente", ya que la nulidad del despido es "bastante complicada". "Quiero denunciar para que también se atreva a hacerlo la gente que trabaja en mi empresa o en otra y sufre una situación parecida. No es justo que te despidan por este, motivo, independientemente de lo que diga la reforma laboral" se queja Amaya, quien no puede evitar recordar el caso de Latifa, una marroquí empleada de Konecta BTO que, por miedo a que la despidieran, siguió yendo a trabajar hasta que falleció en el hospital por una neumonía.



Amaya ha sufrido dos de los golpes más duros que esta crisis económica está asestando a la población. Primero perder la casa, después el trabajo. No importa el orden. Ahora vive en una habitación en casa de un compañero de la Asamblea Popular del barrio de El Pilar, que le ofreció ayuda después del desahucio.

"He recibido mucho apoyo de compañeros de otras sedes de Konecta y de la Asamblea de Vivienda de Madrid", que le ayudó a parar su desahucio. De hecho, la Asamblea de Vivienda convocó una concentración en Alcobendas, en la puerta de la sede. "Me da un poco de cosa que mi jefa me vea en la puerta, pero está claro que tengo que ir a protestar", concluye.






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