LA ZONA PÚBLICA : La finca de los horrores


Llevaban tres días encerradas – puro miedo-  cuando una patrulla de la Guardia Civil, alertada por un ex trabajador de la casa que acababa de ser expulsado por los patronos entraba en la finca, ubicada en la carretera de Palos a Moguer, en el paraje conocido como Cabezo Redondo. Las mujeres se aferraban a los agentes y lanzaban gritos de desolación: la pesadilla había llegado a su fin.



Veinticuatro mujeres, temporeras inmigrantes de Marruecos y de países del Este, sufrieron durante meses golpes y abusos sexuales, vejaciones y un trato inhumano a manos de tres hombres, el empresario agrícola para el que trabajaban y sus dos hijos. 

A la vuelta de cuatro años, los patronos rinden cuenta ante los tribunales por los abusos que supuestamente llevaron a la práctica en su casa, de puertas adentro, sin más testigos que las propias víctimas. El lunes 11 de Marzo de 2012, se sentaban en el banquillo en el Penal 3 de Huelva para rendir cuentas ante la Justicia.

Los delitos de los que vienen siendo acusados dan idea de lo que las temporeras pudieron llegar a vivir a comienzos de 2009 en Cabezo Redondo: 25 delitos contra la integridad moral; un delito continuado contra los derechos de los trabajadores por imposición coactiva de condiciones laborales; cuatro delitos de abuso sexual, cinco falta de maltrato de obras y dos faltas de amenazas.

El empresario agrícola, F. V. Z.,   y sus hijos – J. A. V. P. , F. A. V. P.- se enfrentan a 15 años de cárcel (cinco cada uno de ellos) por los dos primeros delitos, a los que el cabeza de familia suma otros tres años por los abusos sexuales. Se añaden a esta petición de la Fiscalía, distintas multas por las faltas de maltrato y amenazas.



El relato sobre los malos tratos y vejaciones en aquella finca de los horrores resulta estremecedor. Durante la jornada laboral se les sometía a una férrea vigilancia y no se les daba descanso.

Según el escrito del fiscal,  las temporeras estaban obligadas a hacer sus necesidades en el mismo campo, tenían prohibido abandonar su puesto de trabajo ni siquiera para ir a por agua ni relacionarse con trabajadoras de las fincas colindantes. 

Inmigrantes andando por la A-494, a la altura de Palos de la Frontera FOTO: www.elpais.com



Los patronos violentaban la intimidad de las mujeres, llegando a entrar a su antojo y sin permiso en las viviendas y haciendo uso de la fuerza física en alguna ocasión: a una de ellas se le obligó a patadas a levantarse de la cama, donde se encontraba por enfermedad, para ir a trabajar.

Entre insultos “putas, os vamos a mandar a Marruecos, cojones, que en vuestro país estáis muertas de hambre”, “hijas de puta, tontas, inútiles”,  también les exigieron favores sexuales para garantizar la continuidad del trabajo, al tiempo que imponían mediante amenazas o coacciones condiciones laborales abusivas tales como efectuar jornadas de diez horas, no respetar el tiempo mínimo para el almuerzo o negarles días libres.






Una noticia recogida en mayo de 2016, en un Diario provincial onubense, destapaba, según se deducía de los comentarios suscitados, al pie de la misma, posibles delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores. 









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