LA ZONA PÚBLICA : Felices jubilados


El Gobierno español aprobó en Consejo de Ministros un decreto ley, publicado, con el que prejubilarse será más difícil. La subida paulatina de la jubilación a los 67 años ha hecho que el Ejecutivo eleve a 63 la edad para prejubilarse (ahora 61).


Lo que contiene el nuevo Real Decreto, que fue explicado en rueda de prensa por la ministra Fátima Báñez como un intento de no hacer inviable el actual sistema de pensiones y evitar que las empresas carguen contra el colectivo de mayores de 55 años a la hora de despedir a través de los ERE, son medidas que, por un lado, condicionan el acceso a la jubilación anticipada y parcial y, por otro, establece la gran novedad de que se pueda cobrar la pensión (50%) y se pueda seguir trabajando.

Para poder acceder a la jubilación anticipada hará falta:

En primer lugar, más edad. Si hasta ahora la edad mínima requerida eran 61 años, con la nueva normativa se aumenta en dos años y pasa a los 63.

Se podrá acceder cuando el cese en el trabajo sea involuntario (debe haber despido) y quienes la soliciten deben haber estado, seis meses como mínimo, inscritos como parados.



La cotización mínima exigida se aumenta de 30 a 33 años  (contándose en este tiempo un año de servicio militar o de prestación sustitutoria).

También se endurecen los coeficientes reductores de la pensión por cada trimestre o fracción de trimestre que falten para la edad de jubilación. Y una vez se apliquen los coeficientes reductores, el importe de la pensión no podrá superar la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50% por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.

Una de las novedades del Real Decreto es la aparición de la jubilación anticipada voluntaria. La edad de acceso deberá ser inferior en dos años, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación establecida con carácter general. Es decir, irá pasando de los 63 años y un mes actuales a los 65 años, de manera paulatina, ya que de esta forma se irá incrementado la jubilación desde los 65 a los 67 años.



La cotización mínima requerida será de 35 años (se podrá computar un año de servicio militar o de objeción de conciencia). Los coeficientes reductores son superiores si la jubilación anticipada es voluntaria. Además, el importe de la pensión ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada. Es decir, esta figura no es compatible con complementos a mínimos.

En cuanto a la jubilación parcial, se incrementa de manera progresiva la edad de acceso hasta llegar a los 63 siempre y cuando se tengan 36 años y 6 meses cotizados o más y hasta llegar a los 65 años si se cuentan con 33 años cotizados o más.



Para la reducción de la jornada deberá acreditarse una antigüedad de seis años como mínimo en la empresa, inmediatamente anteriores a la fecha de la petición de la jubilación parcial. La reducción de la jornada de trabajo será de un mínimo de un 25% y un máximo del 50% (antes, el 75%). Se puede llegar al 75% (antes, al 85%) en los casos en que el trabajador que releve al jubilado parcial sea contratado a jornada completa mediante un contrato fijo, a tiempo completo, y una duración mínima de, al menos, dos años más que lo que reste al trabajador para alcanzar la edad ordinaria de jubilación.




En esta modalidad parcial se eleva también de 30 a 33 años el período mínimo de cotización.

Una de las grandes novedades del decreto es que se establece que se podrá trabajar y cobrar la pensión a la vez. De esta forma, se da la posibilidad de cobrar el 50% de la pensión y estar en activo, por cuenta ajena o propia, y a tiempo completo o parcial. Para acceder a esta modalidad (a la que también podrán acogerse los funcionarios) se deberá haber alcanzado la edad legal de jubilación y el 100% de la base reguladora.

El decreto ley no sólo afecta a las prejubilaciones, sino que también regula nuevas condiciones para las ayudas a los parados mayores de 55 años. Hasta ahora, todos los trabajadores que hubieran finalizado de cobrar todas las prestaciones por desempleo y cumplieran los requisitos para jubilarse (excepto la edad), podían acogerse a esta ayuda.




La cuantía que se recibe es de 426 euros y el perceptor no puede tener rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. El cambio que se ha producido con el nuevo decreto ley es que las rentas ya no se establecen de manera individual sino que para tener derecho a su cobro se tendrán en cuenta las rentas de la unidad familiar al completo. Esas rentas totales se dividirán entre los miembros de la unidad familiar y si el resultado es superior al 75% del salario mínimo, la persona no podrá cobrar la ayuda. Es el mismo requisito que se incorporó a la ayuda de 400 euros.



Las nuevas condiciones harán más difícil cobrar este subsidio. A título de ejemplo: una persona que conviva con su pareja no podrá percibir la ayuda si esta cobra unos 950 euros al mes. Lo mismo pasa en el caso de personas que convivan con hijos que perciban, por ejemplo, un salario mileurista. En el caso de una familia de tres miembros, bastará con que uno perciba 1.500 euros o dos de ellos alrededor de 750 euros, para que la persona no pueda acceder al subsidio.

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