LA ZONA PÚBLICA : España bajo la cama


La juez Mercedes Alaya ordenó en la madrugada de el 22 de marzo de 2013 el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas y del exdirectivo de la mediadora Vitalia Vida, Antonio Albarracín, mientras que dejó en libertad con cargos al exsubdirector general de Mercasevilla, Daniel Ponce, todo ello dentro de la nueva línea de investigación por el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo.



Fue sobre las 6.50 horas cuando la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla comunicó a Albarracín y a Juan Lanzas el auto de ingreso en prisión tras la petición realizada al respecto por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó dicha medida de privación de libertad al entender, en el caso del exdirectivo de Vitalia, que su patrimonio "creció mucho" durante el periodo temporal en el que trabajó para Vitalia, entre los años 1995 y 2011.

La juez envió a Antonio Albarracín a la cárcel de Morón de la Frontera, mientras que Juan Lanzas sería conducido a la de Sevilla-I.


Mercedes Alaya

El abogado de Juan Lanzas, a quien la juez Mercedes Alaya enviaba a prisión por cinco presuntos delitos dentro de la nueva línea de investigación por el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo, negó que existiera riesgo de fuga, tal y como argumentaba la magistrada en el auto de prisión.


Antonio Albarracín, en el Parlamento. | E. Lobato

Juan Lanzas -que se negaba a declarar- fue enviado a prisión por cinco supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita y cohecho. La juez tomaba esta decisión al entender que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Tras conocer la decisión de la juez, el abogado del imputado, Pablo Luna, atendió a los periodistas para señalar que los 82.000 euros en metálico que la Guardia Civil intervenía en el domicilio familiar de Juan Lanzas -en concreto en sobres guardados en la caja de una máquina de escribir- iba destinado a que su familia "pudiera seguir viviendo" ante la previsión de que pudiera entrar en la cárcel.


Juan Lanzas

Al hilo de ello, explicaba que el dinero "había sido extraído de sus cuentas corrientes", algo que "se podría acreditar perfectamente".

Asimismo, negaba que existiera riesgo de fuga, ya que su cliente "conocía las imputaciones desde hace mucho tiempo" y sin embargo no ha intentado eludir la acción de la Justicia, mientras que en relación a la posible destrucción de pruebas aseveraba que "el procedimiento se encuentra en una fase tan avanzada que todas las fuentes de prueba se encuentran en el Juzgado".

De igual modo, la juez decretaba la puesta en libertad con cargos de Daniel Ponce, para quien el fiscal no pidió el ingreso en prisión, imponiéndole como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer dos veces al mes en el Juzgado.

El exdirector adjunto de Mercasevilla, Daniel Ponce, a su llegada a los juzgados de Sevilla 
EFE/ RAÚL CARO


Dentro de esta misma investigación, bajo secreto de sumario, la magistrada instructora ya ordenó, por segunda vez, el ingreso en la cárcel de Sevilla-I del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, mientras que en enero ingresó en prisión el presunto 'testaferro' de los ERE Juan Francisco Algarín, a quien la Audiencia Provincial dejó en libertad bajo fianza de 10.000 euros, cantidad que no ha podido reunir.


Juan Francisco Algarín



La juez Alaya, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.


Mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.


Francisco Javier Guerrero


Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.



Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las posibles comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo.

Uno de los atestados policiales, por ejemplo, señalaba que las empresas de consultoría 'Hermes Consulting' y 'Maginae Solutions' habrían obtenido un beneficio de 186.800 euros sólo por su papel de "intermediación" en el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla.



Después de que la juez Mercedes Alaya regresase al Juzgado de Instrucción número seis tras varios meses de baja, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desplegaba una gran operación saldada con 22 detenciones, varias imputaciones y 13 registros en las provincias de Cádiz, Jaén, Granada, Sevilla, Las Palmas, Madrid y Barcelona


Esta fase de la investigación, de cualquier modo, se centra en el papel juzgado en la trama por las empresas intermediarias del sector de los seguros y el presunto enriquecimiento ilícito a través de ellas.












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