LA ZONA PÚBLICA : Cuando los Radares salvaban vidas

La Plataforma Ponle Freno recogió firmas para pedir que los radares se instalaran donde son necesarios y, la Comisión de Seguridad Vial  aprobó una proposición no de ley por la que instaba el Gobierno a que dé prioridad a la instalación de radares fijos, y previamente señalizados, en los tramos de carreteras de la red estatal donde se producen más accidentes por exceso de velocidad.

Los diputados votaron con chapas de Ponle Freno en sus chaquetas junto a lazos naranjas en honor a las víctimas de accidentes de tráfico, símbolos que llevaban desde por la mañana cuando asistieron a la celebración del quinto aniversario y la entrega de sus premios.

Esta iniciativa fue consecuencia de la aceptación por parte de CiU de una enmienda del PP, ya que la propuesta inicial de los nacionalistas catalanes extendía la instalación de los radares fijos a los tramos de concentración de accidentes, independientemente de la causa de los mismos.



Tanto el diputado de CiU Jordi Jané como la parlamentaria del PP María Ángeles Esteller estuvieron  de acuerdo en que los radares deben tener una misión preventiva de la siniestralidad y no recaudatoria, tal y como proponía Ponle Freno.



En la misma comisión, el PP sacó adelante otras dos proposiciones. En una de ellas, el Congreso solicitaba al Gobierno que continúe mejorando la señalización de las carreteras y que, además, instale señales de advertencia de peligro por circulación de ciclistas cuando se trate de una vía con tránsito frecuente de éstos.

Los diputados que intervinieron en el debate reconocieron algunas deficiencias en la señalización, que en algún caso es confusa, por lo que todos los grupos apoyaron la iniciativa del PP. Otra de las propuestas que se aprobaron solicitaba al Ejecutivo la modificación de la normativa vigente para que el domicilio del Registro de Conductores sea el que figura de forma actualizada en el padrón.



Con ello, tal y como pidieron en su día los ayuntamientos, aumentaría la eficacia de la gestión administrativa, se reducirían costes y se llegaría de manera más certera a los ciudadanos.

No fueron aprobadas, por el contrario, otras tres propuestas, entre ellas una de la Izquierda Plural que pedía al Gobierno que en el plazo de seis meses hiciera un estudio sobre la repercusión que había tenido el apagado de las farolas en tramos de carreteras de la red estatal en el número de accidentes ocurridos por la noche.



La iniciativa, defendida por la diputada Ascensión de las Heras, pedía la necesidad de llevar a cabo una revisión del apagón de las farolas en la red estatal de carreteras por su impacto negativo en la seguridad vial, y recordaba que el Ministerio de Fomento decidió desconectar algunas farolas de la red viaria para ahorrar en el coste de la iluminación, que en 2010 alcanzó los 25 millones de euros.

También fue rechazada la propuesta del diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví destinada a instalar en la totalidad de los autobuses escolares sistemas de retención infantil, ya que sólo un 38 por ciento de los vehículos de este tipo dispone de ellos.

Cada día, recordó Baldoví, medio millón de alumnos viajan en los más de 17.000 autobuses escolares de España, aunque tal y como subrayó la diputada del PP Concepción Bravo, se trata de una transporte seguro, ya que en 2011 y 2012 no se produjeron víctimas mortales.



De todos modos, Bravo dejó claro que este transporte requiere de un estudio multidisciplinar que vaya más allá de un aspecto técnico, como es el cinturón se seguridad. Tampoco fue aprobada una proposición del PNV para mejorar las áreas de descanso.





















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