LA ZONA G8 : Los siete de Abha


El 13 de marzo fueron ejecutados públicamente en Abha, Arabia Saudí, siete saudíes pese a los llamamientos hechos por familiares y organizaciones de derechos humanos para que se detuvieran las ejecuciones alegando juicio injusto y condición de menor de edad. 


Dos de los condenados, de pie, rezan durante su última noche. / EL PAIS

Según informó a Efe el director de la ONG Al Karama, Rachid MesliAl parecer, las autoridades decidieron a última hora, y debido a las presiones internacionales, no crucificar al supuesto líder del grupo, Sarhan al Mashayekh, de 22 años. Es de suponer que para evitar empeorar su imagen internacional con ese acto cruel e inhumano.

El rey Abdullah de Arabia Saudí ratificó la sentencia en el mes de  febrero de 2013.


Abha, es la capital de la provincia de Asir, en la zona suroeste de Arabia Saudí, de donde eran originarios los siete jóvenes "legalmente" asesinados y una de las zonas más pobres del país.

Los siete iban a haber sido ejecutados inicialmente el 5 de marzo de 2013, pero se aplazaron las ejecuciones una semana tras pedir sus familiares y diversas organizaciones internacionales a las autoridades saudíes que consideraran las denuncias de tortura y juicio injusto que se habían formulado. 


Vista de Abha, en Arabia Saudí.

El secretario de Estadio de EE UU, John Kerry, con el ministro de Exteriores saudí, Príncipe Saul Al Faisal, en Riad el día 4 de marzo de 2012. / REUTERS


Se pensaba que dos de ellos eran menores de edad en el momento del presunto delito.

La madrugada del 13 de marzo, llevaron a los siete (todos ellos de poco más de 20 años) a una plaza pública de Abha, al suroeste de Arabia Saudí, y fueron fusilados. 


No les habían informado oficialmente de la ejecución, sino que se enteraron por amigos y familiares, que les enviaron fotografías que mostraban una fuerte presencia de fuerzas de seguridad y siete montículos de tierra en la plaza pública. 

Ni sus llamamientos de última hora ni los de las organizaciones internacionales sirvieron para detener la ejecución.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó las ejecuciones, señalando que constituían una clara violación de las salvaguardias internacionales en el uso de la pena de muerte

En un comunicado de prensa del 14 de marzo, la alta comisionada manifestó además que, según esas salvaguardias internacionales, la pena capital sólo puede imponerse por ´los más graves delitos´ y únicamente tras el proceso judicial más riguroso posible, criterios fundamentales que no parecen haberse cumplido en estos casos. 


El condenado negó haber participado en asaltos a joyerías, aunque reconoció haber cometido anteriormente delitos menores "por ignorancia".

Haciéndose eco de la preocupación sobre la tortura, añadió en la declaración que tales actos constituyen una violación del derecho internacional de los derechos humanos, así como del derecho consuetudinario que prohíbe el uso de la tortura.


Los siete hombres habían sido detenidos a principios de 2006. Afirmaban que, durante su interrogatorio en el Departamento de Investigaciones Criminales de Abha, les habían propinado fuertes palizas, negado la comida y el agua, impedido dormir, tenido 14 horas seguidas de pie y obligado luego a firmar confesiones.

Estuvieron tres años y medio recluidos en la prisión general de Abha antes de ser juzgados. 

El Tribunal General de Abha declaró a los siete culpables de robo a mano armada en agosto de 2009 y los condenó a muerte. El juicio duró sólo unas horas, y no tuvieron asistencia letrada ni derecho de apelación





Dijeron que unos agentes de seguridad presentes en el juicio les habían advertido de que, si se retractaban de sus confesiones, los torturarían otra vez y llevarían a familiares suyos, incluidas sus madres, a la prisión para torturarlos también delante de ellos.

Mohammad Al-Qahtani, miembro fundador y director de la Asociación por los Derechos Civiles y Políticos en Arabia Saudí, denunciaba a través de twitter estas irregularidades.

Ali al Ahmed, un opositor saudí que dirige el Institute for Gulf Affairs en Washington, escribió a varios embajadores europeos en Riad pidiéndoles su intervención ante las autoridades saudíes.

“Estos hombres van a ser ejecutados después de un juicio que duró tres horas y en el que no contaron ni con abogado ni con asistencia letrada. Entre los motivos de su ejecución está que son originarios del Sur, una región marginada por el Gobierno saudí”, explica en su misiva.



Al Ahmed insiste en la minoría de edad de los condenados cuando se produjeron los hechos. A la fecha de la sentencia a muerte, Sarhan al Mashayekh y Saeed al Omari tenían 22 años, Ali al Shehri, 20, Naser al Qahtani y Ali al Qahtani, 24, Saeed al Shahrani, 21, y AbdulAziz al Amri, 23. Dado que los delitos se cometieron entre 2004 y 2005, sus edades rondaban entonces entre los 15 y los 19 años.


Según Amnistía, en los primeros dos meses de 2013, las autoridades saudíes han ejecutado a 17 personas. Arabia Saudí encabeza junto con países como Irán y China el ránking mundial de ejecuciones. Se calcula que desde 1985 hasta 2012, se han llevado a cabo unas 1938 ejecuciones.

En un comunicado, Eric Goldstein, subdirector para Medio Oriente de Human Rights Watch, dijo: "Va a ser escandaloso si las autoridades saudíes seguir adelante con estas ejecuciones"  Foto: GETTY



En este país de Oriente Medio, son muchos y diversos los motivos por los que puedes ser condenado con la pena capital. Robos, contrabando e incluso el abandono de la fe. Además, este país contempla la ejecución en menores de 18 años.

En Arabia Saudí los ejecutados son decapitados

Según señala Amnistía Internacional, es una práctica común que los ejecutados sean posteriormente decapitados en público. Subraya que se coloca el cuerpo de la víctima en un poste junto con su cabeza decapitada. Esta práctica tiene un fin disuasorio, explica AI

Las torturas son frecuentemente utilizadas en este país como método de confesión, denuncia esta organización.

Activistas saudíes enviaron un fax al presidente español, Mariano Rajoy, pidiendo su intervención ante el Gobierno de Riad para que suspendiera la ejecución de los 7 jóvenes condenados.





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