ESPAÑA ME MATA : La Ministra que no amaba las Urgencias




El Gobierno de Castilla-La Mancha dio marcha atrás en su intención de cerrar las urgencias nocturnas de 21 municipios. El Ejcutivo de María Dolores de Cospedal (PP) derogaba la orden por la que estableció el cierre de las urgencias nocturnas de 21 Puntos de Atención Continuada (PAC) de la región después de que las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dieran la razón de forma cautelar a los ayuntamientos afectados.


La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales publicaba en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la orden por la que se derogaba la orden anterior, de fecha 20 de noviembre de 2012, con el fin de evitar perjuicios en la prestación del servicio surgidos de las reclamaciones judiciales y de acatar las resoluciones del tribunal.


El Gobierno de Castilla-La Mancha argumentaba que los pronunciamientos que sobre dicha orden se habían realizado por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha hacían "prácticamente imposible la consecución y objetivos de mejora que se pretendían obtener con la misma". Además, fundamentaba la derogación de la orden en "la constatación del escaso uso de estos recursos" que "obstaculiza el logro de una sanidad más eficiente, eficaz, útil, rápida, moderna, racional y efectiva".

Asimismo, planteaba que la suspensión cautelar de las medidas dictadas por el Tribunal Superior de Justicia provoca la "desamornización" del sistema global de la comunidad autónoma. Por ello, de acuerdo con "los principios de eficacia y coordinación" en la prestación sanitaria de urgencia, el Gobierno castellanomanchego considera necesario dictar esta nueva orden, que deroga la anterior y que entra en vigor hoy mismo.


Esta decisión se toma "sin perjuicio de la ulterior necesidad de proceder a racionalizar la atención sanitaria urgente que se presta en las zonas básicas de salud, con el fin de optimizar la utilización de los recursos físicos, humanos y materiales, sin que por ello se comprometa la calidad de la asistencia sanitaria de la población y siempre persiguiendo el interés general y la máxima protección del bien jurídico que constituye la salud como bien constitucionalmente protegido".


La Consejería de Sanidad recalcaba en cualquier caso que la reorganización territorial y funcional del servicio de urgencias se basó en estudios técnicos y agilizaba la asistencia urgente y emergente en las zonas básicas afectadas mediante la ubicación de unidades de soporte vital con personal sanitario, "respondiendo a criterios de racionalidad de los recursos públicos, inmediatez y continuidad en la atención sanitaria urgente y emergente".

La orden que quedaba derogada entró en vigor el 14 de enero de 2013, y sólo tres días después el Tribunal Superior de Justicia dictó un primer auto de medidas cautelarísimas para suspender sus efectos.


Imagen recogida de Facebook, que hace referencia a la noticia. 

El 29 de enero dictó otro auto de medidas cautelares en el que mantenía la suspensión de la orden en Tembleque (Toledo), cuyo ayuntamiento fue el primero que recurrió y al que en fechas posteriores se fueron sumando los demás. El Gobierno de Castilla-La Mancha presentó un recurso de reposición ante esa decisión, pero fue desestimado el 5 de marzo por el Tribunal Superior con cinco votos a favor y dos votos particulares.


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