LA ZONA PÚRPURA : Los 16 € del Arzobispado de Valencia


El Arzobispado de Valencia ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Algímia de Alfara para solicitar la anulación del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de un terreno rústico en esta localidad por valor de 16,64 euros.

Arzobispado de Valencia, España

El alcalde del municipio, Francisco Salt, confirmó la recepción de la demanda y explicó que el Ayuntamiento «siempre ha cobrado por estos terrenos. Primero a una congregación que tenía la parcela y luego al Arzobispado, ya que las religiosas hicieron la donación a la entidad». 

El alcalde también detalló que la Iglesia les indicó que el terreno «se ha vendido a un tercero pero el impuesto corresponde al pasado año». Además, puntualizó que «las religiosas siempre han pagado los 16 euros, no entendemos por qué ahora no».

Imagen de la localidad valenciana de Algímia d'Alfara, España, ubicada en la comarca del Camp de Morvedre. (Fuente: Wikipedia)

Fuentes del Arzobispado aseguraron que recurrir el pago del IBI es una «práctica común» en la diócesis porque no están obligadas a abonar este impuesto. Sin embargo, el alcalde de Algímia aseguró que la parroquia del municipio «sí que paga el IBI de unos terrenos que posee, unos ocho euros, al igual que otros párrocos rurales».

Una vez recibida la notificación del recurso por parte del juzgado número 6 de Valencia, el Consistorio remitió el expediente administrativo y de los servicios jurídicos. Ahora el Arzobispado tendría que formalizar la demanda.

Si finalmente se formaliza, Francisco Salt aseguró que todavía «no hay ninguna postura adoptada desde el equipo de gobierno». Lo que sí que tiene claro es el «perjuicio que supondría para los ciudadanos».

«No podemos gastarnos el dinero del Ayuntamiento, que es el de los contribuyentes, en pleitos que no tienen lógica y cuyo coste sólo entre abogado y procurador superará con creces los 16 euros del impuesto. Ir al juzgado contra el pueblo por 16,64 euros no creo que esté en los Evangelios», afirmó el alcalde. 

El Gobierno local que preside Rita Barberá aprobó el pasado 9 de noviembre de 2012, el pago al arzobispado de Valencia de una factura de 33.781,04 euros por los servicios religiosos que los capellanes prestaron en el Cementerio General de Valencia en el año 2011. La factura está exenta de IVA, como el resto de actividades religiosas, y se enmarca en el convenio aprobado por el Ayuntamiento de Valencia  en 1990.

Hasta ese momento pueden pasar entre dos o tres meses en los que el municipio tendrá que decidir si acude a la vista judicial o desiste de cobra el IBI.

El origen del conflicto se remonta a mediados del año  2012, cuando los órganos municipales tramitaron la liquidación anual del IBI. La Iglesia presentó entonces un recurso de reposición solicitando la anulación del pago al amparo de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Francisco Salt

No obstante, el Ayuntamiento alegó que una parcela rústica tiene «ánimo de lucro» y por ello la Iglesia está obligada al pago del IBI, dado que un terreno no es un inmueble dedicado al culto. Por ello, desestimó todas las alegaciones presentadas por el Arzobispado.

Tras notificar la resolución a la Iglesia y elaborar los informes correspondientes, Algímia dio por finalizado el asunto hasta que recibieron la notificación del juzgado por registro de entrada.

No es la primera vez que surge el tema del pago del IBI, sobre todo tras la decisión del Gobierno de no suprimir la exención del cobro a la Iglesia, como había reclamado el PSOE a mediados del 2012. 

Algunos municipios de la Comunitat, como Aspe o l'Alcúdia, acordaron entonces retirar la exención de pago del IBI a la Iglesia Católica. 

En l'Acúdia, además, se decidió elaborará un censo de bienes registrados a nombre de la Iglesia y extender el pago del impuesto municipal a los locales de otras confesiones religiosas.


El "yugo" con el que la religión trata de imponer su "escandaloso" y oculto intrusismo en la política, da lugar a situaciones como la descrita en unos acontecimientos recogidos en la información (arriba) aparecida a principios de 2016.



Este tipo de hechos, deja patente la indefensión en la que se ve sumido el contribuyente que debe hacer frente a impuestos como el de Bienes e Inmuebles (I.B.I.), que, en casos como el relativo a las viviendas Sociales se seguían abonando, por parte de sus inquilinos. Este, era el caso, por ejemplo, de los inmuebles de promoción pública pertenecientes a la Junta de Andalucía. Este organismo público divulgaba en 2013, mediante un Comunicado, su "versión" de la situación. 

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