LA ZONA PÚBLICA : La "mano" clandestina



La Asociación de Parados y Trabajadores en Precario de Almonte (Aptpa) criticó que la Junta de Andalucía subvencione a cuatro empresas del municipio con 600.000 euros para la construcción de módulos de temporeros cuando existe una sobrada oferta de mano de obra local con la que cubrir las tareas agrícolas que se generan en la comarca. 




Estos fondos públicos se liberan en virtud del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, y con ello se pretende impulsar la construcción en la zona rural del municipio marismeño de 151 alojamientos con capacidad para 453 temporeros que serán albergados en superficies de entre 15 y 45 metros cuadrados, ampliables hasta 90 en el caso de alojar a unidades familiares. 

Unos alojamientos "protegidos durante 25 años en régimen de alquiler por los que se cobrará 60 euros por persona". 

En el comunicado, avalado por la asamblea de la Aptpa, se censura que se promueva un "gasto público" para la construcción de inmuebles a la par que el paro en Almonte alcanza cifras récord, con "6.000 desempleados" de los 23.000 habitantes censados. 

En el fondo subyace el temor del colectivo de que estos módulos sirvan para "albergar en masa a inmigrantes procedentes de la contratación en origen" porque, en caso contrario, no se explica que se realicen inversiones millonarias. 

En paralelo a estas denuncias, la asociación ha hecho pública unas imágenes que ilustran las condiciones en las que trabajan algunos inmigrantes en una finca agrícola en la zona del Algarrobo, donde los temporeros residen en condiciones "que no se ajustan en lo más mínimo a las exigencias y parámetros que recoge el informe del Defensor del Pueblo Andaluz". 

Para la Asociación, las instantáneas delatan que las condiciones de higiene brillan por su ausencia al vivir en chozas construidas con chapa, madera y plásticos que carecen de agua caliente, así como "rodeados de basura y escombros". 

En una de estas imágenes se observa algo más alarmante: un trabajador "accidentado trabajando con un brazo escayolado y recogiendo aceitunas con el miembro sano". 


Por otra parte, los parados han reconocido que desconocen la jornada laboral y el salario que se les paga por "esta auténtica explotación a la que están sometidos, aunque viendo las fotos nos lo podemos imaginar, desde luego". 

Sin embargo, sí que han denunciado que esta práctica está comenzando a ser frecuente, por lo que algunos almonteños que han acudido a la recolección de la aceituna en Bollullos de la Mitación han comprobado en primera persona cómo se incumplía el convenio que fija el salario base en 44,71 euros, mientras que algunos se les ha abonado 30 euros, pagándoles cinco euros por esportón de aceitunas, denuncian. 

Esta práctica de algunos empresarios del sector, "aparte de ser imperativa, es completamente ilegal" en tanto en cuanto el convenio fija que "el salario del peón recolector es el que aparece en nómina y, en ningún caso, por la cantidad recolectada. 



La crisis del ladrillo ha provocado que miles de ciudadanos en la comarca del Condado tengan que volver al campo como único medio de subsistencia frente a un mercado laboral que sigue sin recuperarse de la intensa crisis económica que azota a Europa y que se manifiesta con mayor virulencia si cabe en los países del Sur como España


Debido a ello la contratación en origen para la campaña fresera, que precisa de una ingente cantidad de mano de obra en un espacio de tiempo muy concreto, se verá limitada en el próximo 2013 a un cupo de reserva de 2.185 marroquíes

Contingente al que sólo se acudirá sólo en el caso de que la oferta no pueda ser cubierta con los parados locales. 

Los parados esperan que la atomización de la demanda de empleo no sea aprovechada por los empresarios para vulnerar el convenio colectivo.




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