La zona de Padres: LA "OTRA" EDUCACIÓN.

Si vuelvo, ¡me mato!”, es un Informe creado por Amnistia Internacional con  el que recuerdan que los derechos de  los y las menores ingresados en Centros de Protección Terapéuticos siguen sin estar garantizados.


“Si vuelvo, ¡me mato!”también es una frase extraida de la carta de un menor de 15 años a su madre, amenazando con ideas de suicidio si le volvían a ingresar en el centro en el que había sido sometido a incomunicación, registros corporales íntimos y otras humillaciones durante meses en Cádiz.


La situación de los niños y niñas que se encuentran en centros terapéuticos del sistema de protección en España por trastornos de conducta y dificultad social despertó la atención de la opinión pública durante los primeros meses del año 2009, tras publicarse en el informe del Defensor del Pueblo del Estado español experiencias concretas de desprotección institucional y abusos contra sus derechos humanos. 

Hasta entonces, dicha realidad había permanecido invisible, pese a los esfuerzos de organizaciones y profesionales comprometidos con la defensa y protección de los derechos humanos de los menores por conseguir lo contrario.
 

Durante el año 2008, y dentro de la campaña Exige Dignidad, Amnistía Internacional recabó información que impulsó la investigación que este informe recoge. 

Con este trabajo se pretende que el Estado español responda y cumpla con sus obligaciones internacionales y salvaguarde los derechos humanos de los menores. 

Para ello, la organización ha examinado la protección institucional proporcionada y sus carencias a la luz de los estándares internacionales, y ha incluido casos que le preocupan en materia de derechos humanos.

Los casos que fueron puestos en conocimiento de Amnistía Internacional por parte de menores, familiares, abogados, educadores y otros profesionales incluyen castigos físicos, aislamiento, suministro abusivo de medicación, ausencia de servicios adecuados para el cuidado de su salud y otras conductas y omisiones que, en algunos casos, tuvieron como desenlace el suicidio de alguno de los menores.
 
El Defensor del Pueblo públicó un informe monográfico sobre la situación de los menores con trastornos de conducta o en situación de dificultad social en los centros de protección terapéuticos el 2 de febrero de 2009. 


Sin embargo, las reacciones de las autoridades competentes para investigar y corregir las situaciones denunciadas en dicho informe no fueron diligentes ni ajustadas a las obligaciones internacionales contraídas por España en materia de derechos humanos.

La negación del problema o la puesta en marcha de actuaciones mínimas en el mejor de los casos, han sido la norma general.

El Estado español no ha tomado las medidas necesarias para garantizar que todas las autoridades, especialmente las administraciones autonómicas con competencias en la materia, responden a las obligaciones internacionales sobre derechos humanos.


Con ocasión del examen periódico ante el Comité contra la Tortura, el Estado español fue interrogado al respecto, pero en su respuesta no informó de ninguna investigación que se hubiera abierto a causa de los abusos denunciados en el informe del Defensor del Pueblo y sólo destacó los esfuerzos de coordinación entre un número considerable de instituciones.

 
A raíz de esta insatisfactoria respuesta, el 19 de noviembre de 2009, el Comité contra la Tortura se dirigió de nuevo al Estado español y reiteró su preocupación sobre las alegaciones de aislamiento y administración de fármacos de forma contraria a los artículos 11 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño.


El Comité contra la Tortura recomendó que se tomaran las medidas oportunas para asegurar unas condiciones humanas dignas, y que se investigaran exhaustivamente todas las alegaciones de abusos o malos tratos cometidos en estos centros.
 
Con la investigación realizada por Amnistía Internacional, la organización ha podido constatar la falta de voluntad de la mayoría de las autoridades por despejar la opacidad que rodea al sistema. 


De entrada, las Administraciones autonómicas denegaron el acceso de los investigadores de la organización a los centros terapéuticos. 






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